A más de mil 500 días del probable feminicidio de Zyanya Estefanía Figueroa, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) no ha presentado un plan de investigación con perspectiva de género e impide a la familia de la víctima coadyuvar en la investigación y acceder a la verdad y la justicia, denunciaron ayer organizaciones no gubernamentales (ONG).
Las organizaciones publicaron ayer por la tarde un comunicado en la cual consignaron que la institución poblana “sostuvo una hipótesis de suicidio que trató de reforzar mediante diversas diligencias realizadas de manera negligente, e incumpliendo con los estándares nacionales e internacionales de investigación de muertes violentas de mujeres, como la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
En su documento, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, el Observatorio de Violencia Social y de Género, la REDefine Puebla, La Capulli Femnista, el Festival Feminista para Niñas. Las sonrisas de Belém do Pará, Sororidad Universitaria y el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, hicieron una relatoria del caso.
Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, nacida el 11 de noviembre de 1991, era una joven médica pediatra residente del Hospital del Niño Poblano. Estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) porque era su pasión y quería curar a niñas y niños. El 15 de mayo de 2018 fue encontrada sin vida en la casa que habitaba en Puebla.
“Desde el inicio de la investigación, la FGE sostuvo una hipótesis de suicidio que trató de reforzar mediante diversas diligencias realizadas de manera negligente, e incumpliendo con los estándares nacionales e internacionales de investigación de muertes violentas de mujeres, como la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Mariana Lima Buendía. Además, no realizó de manera adecuada, un plan metodológico de investigación con perspectiva de género, lo que ocasionó una investigación infructuosa y violatoria de los derechos humanos de la familia de Zyanya”, acusaron las organizaciones firmantes.
Por lo anterior, la familia de Zyanya y su asesoría jurídica solicitaron una audiencia de control judicial, celebrada el 16 de octubre de 2020, para exponer las omisiones en la investigación, en la que se negó la protección por parte del juez de Control; sin embargo, posteriormente un juez de Distrito y un Tribunal Colegiado otorgaron una resolución favorable.
El 28 de septiembre de 2021 se llevó a cabo una segunda audiencia en la que el juez de control, en cumplimiento de la sentencia de amparo, determinó que existieron omisiones y negligencias en la investigación, ordenando a la FGE que las corrigiera y realizara en un plazo de 3 meses un plan metodológico de investigación para determinar si existió un feminicidio.
Agotados los 3 meses la FGE incumplió nuevamente la determinación del juez de realizar y presentar un plan metodológico de investigación con perspectiva de género y debida diligencia. Por lo que se solicitó la tercera audiencia de control judicial, realizada el 3 de febrero de 2022, en la que el juez de control le otorgó nuevamente a la fiscalía un plazo de 3 meses para realizar el plan metodológico en conjunto con las víctimas y su asesoría jurídica.
Ante el incumplimiento de la FGE, la familia de Zyanya solicitó una cuarta audiencia de control judicial para exigir la presentación del plan metodológico de investigación con perspectiva de género en coadyuvancia de las víctimas, que les permita acceder a la verdad y a la justicia. Esta audiencia se llevará a cabo el 26 de agosto de 2022.
“Considerando que el contexto de violencia feminicida e impunidad en Puebla es alarmante y ante la ineficacia de las autoridades para responder con debida diligencia en las investigaciones, las organizaciones firmantes que acompañamos la búsqueda de verdad y justicia de la familia de Zyanya, exhortamos al Poder Judicial del estado de Puebla a resolver lo solicitado en la audiencia de control judicial de acuerdo a los más altos estándares nacionales e internacionales de derechos humanos y perspectiva de género (e) impedir que la fiscalía continúe obstaculizando y retardando el acceso a la verdad y a la justicia para la familia de Zyanya”, demandaron.
Asimismo, exigieron a la FGE “cumplir con su obligación de realizar un plan metodológico de investigación con perspectiva de género, garantizando la coadyuvancia de las víctimas en su elaboración, a efectos de garantizar la verdad y justicia a sus familiares”.
“Hoy, a más de mil 500 días de la muerte violenta de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril no existe una ruta metodológica con perspectiva de género que permita el acceso a la verdad y a la justicia para Zyanya y su familia”, aseveraron.