El Instituto Ignacio Ellacuría de Derechos Humanos (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana Puebla denunció que “el caso de Agnes Torres ha desaparecido de los reportes oficiales de asesinatos de personas trans registrados durante 2012 por la Fiscalía General del Estado”.
En el estudio ”Discriminación, violencia e ineficiencia institucional Los derechos humanos de las personas LGBTTTIQ+ en el estado de Puebla 2015–2021”, el organismo jesuita apunta que “el caso de Agnes no ha sido el único que ha quedado invisibilizado por instituciones oficiales, pues al realizar la presente investigación existieron diversas dificultades para obtener un panorama claro sobre los asesinatos de las personas (de la comunidad) a nivel estatal”.
El documento detalla que a 10 años del transfemicidio de Agnes Torres –el 9 de marzo de 2012– la activista “sigue siendo un referente para hablar de las personas LGBTTTIQ+ en Puebla, pues su lucha a favor de la defensa de los derechos humanos representó un antecedente importante para lograr que en el año 2021 se aprobaran las reformas necesarias en materia civil para el reconocimiento de la identidad autopercibida (conocidas, en su memoria, como la Ley Agnes)”.
“Pese a ello, desafortunadamente (sic) su asesinato resulta un caso paradigmático de impunidad en Puebla, debido a que evidenció la forma en cómo las autoridades suelen investigar las agresiones de personas trans, omitiendo su identidad de género como una línea de investigación o motivación de su homicidio. Esta falta de debida diligencia en la investigación condujo a que las personas responsables de su asesinato solamente se les imputaran los delitos de homicidio calificado y robo de vehículo con violencia; y, por tanto, el caso de Agnes ha desaparecido de los reportes oficiales de los asesinatos de personas trans durante 2012 registrados por la FGE”, apunta.
También resalta el manejo del caso por parte de las autoridades, pues en los boletines oficiales que se emitieron en los días siguientes a que se diera a conocer el homicidio, “se usaba el dead-name (sic) de Agnes Torres antes de transicionar, lo cual representa el poco cuidado y respeto hacia la identidad de género de la víctima”.
El IDHIE consigna como ejemplo que el 16 de mayo de 2022 la FGE dio a conocer que se dictó la primera sentencia condenatoria por intento de homicidio de una persona de la comunidad LGBTTTIQ+, “lo cual se anunció como un logro, pero en realidad confirma la falta de acceso a la justicia y la impunidad existente en los casos de violencia contra estas poblaciones.
Destaca, además, que en el boletín que emitió la institución solo se indica que los hechos se registraron en julio de 2020 en Tehuacán, cuando ‘la víctima fue agredida de forma verbal por los sentenciados presuntamente por sus preferencias sexuales’, sin señalar que se trataba de una mujer trans.
“En una nota del periódico digital Animal Político (2022) se precisa que el nombre de la víctima es Jeidy, quien fue perseguida por sus dos agresores, quienes le dispararon dos veces. Pese a las lesiones, Jeidy sobrevivió, por lo que los responsables fueron acusados del delito de homicidio calificado en grado de tentativa cometido en agravio de una persona de la comunidad LGBTTTIQ+, y fueron sentenciados a 14 años de prisión y pagar la reparación integral del daño a la víctima”, apunta.
