La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla llega al cierre de noviembre sin haber consolidado varios de los supuestos elementos probatorios que integraban su acusación en el juicio por el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón, ocurrido en mayo de 2022.
Por principio de cuentas la institución se desistió de 32 testimoniales, así como en pruebas documentales y videográficas que había anunciado contra Javier López Zavala, excandidato del PRI a la gubernatura y señalado como presunto autor intelectual del crimen.
Este renuncia, registrada durante una de las últimas audiencias, marcó el cierre de la etapa procesal en la que las partes pueden ofrecer nuevos elementos, en apego a lo establecido en el artículo 343 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Al mismo tiempo, persiste la ausencia de tres testigos que fueron considerados relevantes dentro de la investigación inicial, como documentó el periodista Fermín Alejandro García, en su columna Cuitlatlán, que se publica en La Jornada Oriente. Se trata de Sergio Nahúm Mira Delgado y Jazmín Baraja Valerio, exfuncionarios de la propia FGE que participaron en las primeras fases de la indagatoria entre 2022 y 2023, así como de un tercer testigo que habría presenciado el ataque armado contra la activista y cuyo relato describe a los agresores como dos hombres robustos de más de 40 años, características distintas a las de Silvestre N. y Jair N., imputados como autores materiales. Los dos exservidores públicos han evitado acudir a declarar, pese a los requerimientos del Poder Judicial y a la orden de presentación mediante uso de la fuerza pública.
En contraste, la abogada Helena Monzón informó que el equipo jurídico que representa a la familia de la víctima concluyó el desahogo de pruebas en el juicio.
De acuerdo con la familia Monzón, el calendario judicial deja un margen de 16 días hábiles para concluir el juicio antes del cierre anual de actividades del Poder Judicial.
El curso del proceso se desarrolla en paralelo con los incidentes derivados del juicio por violencia familiar, en el que una suspensión provisional concedida por un juzgado federal llevó a cancelar la audiencia en la que se impondría la pena a López Zavala.
