La descomposición de la procuración de justicia en Puebla está llegando a condiciones extremas, situación que se refleja en los siguientes datos: el promedio que los presos políticos del morenovallismo estuvieron en la cárcel fue de un año y tres meses, y por otro lado, existe una larga lista de delincuentes que luego de ser detenidos por ilícitos de alto impacto han recuperado su libertad en cuestión de unos días o meses.
Tal situación plantea que la Fiscalía General del Estado (FGE) –a cargo de Víctor Manuel Carrancá Bourget– está politizada y corrompida, en un grado extremo que no se había visto en Puebla, por lo menos, en las tres últimas décadas.
Para ejemplificar lo anterior solamente hay que revisar los siguientes casos:
Enedina Rosas Vélez, una mujer anciana y campesina de San Felipe Xonacayucan, vive con un severo trastorno pulmonar que adquirió en la cárcel, en donde tuvo una prolongada estancia de varios meses, por oponerse al gasoducto Morelos, cuyas obras desde 2014 no avanzan.
La líder campesina estuvo en prisión por una inverosímil demanda en la cual un grupo de ingenieros, que nunca se presentaron a ratificar la demanda, señalaban a esta mujer de haberles arrebato unos teléfonos, de golpearlos y amenazarlos. Es decir tenía más fuerza y violencia una mujer de la tercera edad, que un grupo de trabajadores de obras de ingeniería civil. Era claro que se trataba de una acusación fabricada desde el aparato de procuración de justicia para frenar el movimiento opositor al gasoducto.
En cambio, el autor de una matanza de nueve personas, puede salir a los 6 días de la cárcel por obra y gracia de la FGE.
Tal es el caso de un joven llamado José Ángel, quien fue detenido por ser parte de la banda de “Los Cuijes” y haber perpetrado una matanza de nueve vecinos de Huehuetlán el Grande, hace poco más de un mes. Resulta que esta persona hizo valer su acta de nacimiento y demostrar que es menor de edad, con lo cual se echó abajo las acusaciones de la FGE que buscaba su enjuiciamiento como si fuera un adulto.
José Ángel pisó la cárcel a finales de la semana pasada y desde antier está de regreso a la vía pública.
El anterior no es un asunto aislado, hay otros casos similares:
En septiembre pasado son detenidos 5 policías de Amozoc por proteger a las mafias de huachicoleros y en menos de 72 horas ya estaban libres.
Otro caso más: en junio pasado salió de la cárcel el empresario y gallero Jorge Aduna Villavicencio, un hombre cercano al morenovallismo, quien estuvo privado de su libertad por ser presunto responsable de haber mandado secuestrar a seis personas de una colonia popular de Puebla, a quienes después torturaron, ejecutaron y disolvieron sus cuerpos.
Siempre con los delincuentes hay “errores” de procedimiento.
Siempre con los presos políticos la FGE actuó con diligencia y abusos para que nunca pudieran salir de la cárcel en menos de un año.
Muchos de los delincuentes que son liberados con prontitud son responsables de homicidios, de protección a las mafias del huachicol o de ser parte de organizaciones criminales de alto nivel.
En cambio, ningún preso político se vio involucrado en algún homicidio, tráfico de enervantes o de mercancías robadas, y sin embargo los trataron como si fueran criminales peligrosos.
Es decir, para la Fiscalía General del estado es más grave disentir con el gobierno que matar, traficar drogas o portar armas prohibidas.
Dicha visión no cambiará mientras Víctor Carrancá siga al frente de la Fiscalía General del estado.