Familiares de Ricardo Montiel Rodríguez, supervisor de la firma Rotor Flight Services, y quien es uno de los nueve detenidos por el asesinato imprudencial de los exgobernadores Martha Erika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle, en diciembre de 2018, exigieron que el juicio de éste corra a cargo de un juez federal y no por uno local, pues temieron tráfico de influencias.
Los quejosos explicaron que el juez que lleva el caso, ha aplicado medidas cautelares distintas a las personas que semanas atrás fueron aprehendidas por la misma causa, por lo que presumieron favoritismos o tráfico de influencias.
A la fecha, la Fiscalía General del Estado (FGE) suma nueve detenciones de personas señaladas del asesinato imprudencial de los panistas, a quienes también señaló por falsedad de declaraciones, entre estas Ricardo Montiel.
En entrevista, los familiares cuestionaron que el juez a cargo del caso ha aplicado medidas cautelares distintas a los implicados, pues a algunos de estos les ha imputado multas de 10 mil pesos y acudir mensualmente a la FGE para firmar y así demostrar su permanencia en el estado, mientras que a otros la cantidad asciende a 20 mil pesos y firmas periódicas semanales.
En ese sentido, pidieron que el caso esté a cargo de un juez federal y no de uno integrante del Poder Judicial de Puebla, a fin de que no haya favoritismos y tráfico de influencias.
A principios de abril pasado, la FGE informó sobre la detención de César Rodrigo N., quien se desempeñaba como jefe de mantenimiento de Servicios Aéreos del Altiplano Sociedad Anónima. (S.A.A.S.A.), la empresa que era propietaria de la aeronave en la que se trasladaban los panistas, cuando se desplomó, el 24 de diciembre de 2018.
El 17 de marzo, la FGE informó que detuvo y posteriormente logró la vinculación a un proceso penal en contra de Rafael N., director de la empresa en cuestión.
En tanto, el 18 de febrero fue vinculada a proceso Iris Crisina N., también empleada de la firma en cuestión y a quien se le imputan los mismos delitos.
Las otras personas detenidas son José Antonio Vázquez Torales, propietario de la empresa, así como María Magdalena Raya Ochoa, Israel Olguín Jiménez y Miguel N. empleados, quienes fueron detenidos justo dos años después del percance.
De acuerdo con las investigaciones que realiza el gobierno federal, el helicóptero Agusta modelo A-109, matrícula XEABON que se accidentó la tarde del 24 de febrero de 2018, era propiedad de la empresa en cuestión, la cual lo rentaba al ex gobernador Rafael Moreno Valle.