Jueves, agosto 18, 2022
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Falta coordinación de seguridad entre Tehuacán y el gobierno del estado: CCE

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La falta de coordinación en materia de seguridad entre el gobierno del estado y el ayuntamiento de Tehuacán ha originado que este municipio se dispare la inseguridad: van tres asesinatos de empresarios en los últimos dos años, extorsiones y cobro de piso, según informó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, Carlos Montiel Solana.

Con el rompimiento político que se tuvo entre las autoridades del municipio y del anterior gobierno del estado, los que salen perdiendo son la población, agregó el representante de la iniciativa privada.

“No es la primera vez que escuchamos en recientes fechas asesinatos brutales en Tehuacán, sí es un problema, sabemos que piden derecho de piso, amenazas, extorsiones”, dijo Montiel Solana este martes en conferencia de prensa en la que informó sobre los acercamientos con el nuevo gobierno del estado que encabeza Antonio Gali Fayad.

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En ese sentido, señaló que la seguridad es un tema prioritario que no se puede escatimar, adelantó que buscarán una reunión en los próximos días con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, Jesús Morales Rodríguez, para conocer su estrategia en la materia.

Es preciso mencionar que la semana pasada fue asesinado a balazos el empresario Humberto Veytia Martínez, mientras se encontraba en una cafetería de Tehuacán.

En agosto del año pasado fue secuestrado y luego asesinado el empresario Juan Francisco González Pacheco, su cuerpo fue encontrado en la localidad de Cuacnopalan, junta auxiliar de Palmar de Bravo.

En diciembre de 2014 fue asesinado el empresario José Manuel Herrero Arandia y su esposa Cristina Carvajal cuando circulaban en su camioneta por una de las avenidas principales de este municipio.

Cabe recordar que el conflicto entre la alcalde de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, y el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, inició desde que la presidente asumió el cargo y se negó a participar en el programa estatal de obra pública llamado “Peso a peso”.

Las diferencias se acrecentaron cuando el Congreso del estado inició un procedimiento de responsabilidades contra Ernestina Fernández por observaciones en su cuenta pública, a esto se suma la declaración que hizo la alcalde a finales del año pasado cuando acusó a Moreno Valle de retener 90 millones de pesos que el gobierno federal asignó a ese municipio.

En medio de esta situación, el Comité para la Liberación de los Presos Políticos considera a Ernestina Fernández como una perseguida política de Moreno Valle, en concreto por el procedimiento de inhabilitación que le iniciaron los diputados locales el mismo día que iniciaron un proceso contra el exalcalde de Puebla Eduardo Rivera Pérez, también por observaciones en su Cuenta Pública de 2013.

De hecho, Rivera Pérez se reconocido a sí mismo como un perseguido político del ex mandatario Moreno Valle.

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