Intento de vender a precio comercial los predios que compraron hace décadas donde se ubican sus viviendas o negocios y firma de convenios sin sustento jurídico para desistirse de un total de 44 juicios de recisión de compraventa de predios a cambio de hasta un millón de pesos, irregularidades presuntamente cometidas por el Comisariado Ejidal de Ignacio Romero Vargas, denunciaron integrantes del Comité Pro regularización para la Tenencia de la Tierra de este Ejido.
En rueda de medios los quejosos, representados por Ernesto Espejel, denunciaron que estas presuntas arbitrariedades se han registrado desde 2015, primero por parte del anterior Comisariado Ejidal, presidido por Karla Michelle Vera Báez –secretaria particular del excandidato a la gubernatura por el PAN, Enrique Cárdenas Sánchez– y luego por la presidencia actual, representada por Vicente Portillo, al cual en su momento apoyaron y luego los traicionó.
Afirmaron que el actual comisariado ha intentado venderles a precio comercial los predios de los que son poseedores, los cuales se ubican principalmente en la zona del ejido que está más cercana a la zona de la avenida Zavaleta y la colonia Santa Cruz Buena Vista, pese a que esos predios los adquirieron, en algunos casos, hace más de 30 años.
Adicionalmente, el actual comisariado supuestamente les ha ofrecido desistirse de un total de 44 juicios de recisión de compraventa de predios –debido a que las tierras del ejido no pueden tener uso comercial– emprendidos por la anterior presidencia ante el Tribunal Unitario Agrario número 37, a cambio de sumas que van desde los 250 mil hasta el millón de pesos.
Sin embargo, advirtieron que el propio Tribunal Agrario restringió al actual comisariado realizar asambleas debido a que su elección fue impugnada por la anterior presidente, por lo que la firma de dichos convenios de desistimiento carecen de validez jurídica.
El Comité en su conjunto pidió la intervención del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, con quien ya han sostenido reuniones, así como del Congreso del estado, para que a través de estos las autoridades federales resuelvan el conflicto que afecta a miles de familias y propietarios de la zona, la cual dejó de tener un uso agrícola.
Agregaron que aunque las anteriores autoridades federales iniciaron con un proceso de regularización de la zona, al final únicamente los utilizaron con fines electorales, debido a que nunca se integró un expediente de manera formal a través del Tribunal Agrario o el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus).
En la opinión de los afectados se debe regularizar la mancha urbana y desaparecer el ejido de Romero Vargas, pues ya no existe vocación agrícola en la zona en la que asientan negocios como llanteras, plazas comerciales, gasolineras e incluso universidades.
“El ejido ya no tiene razón de ser. El ejido finalmente está inmerso en la mancha urbana. Ya no tiene uso agrícola. Los propios ejidatarios cambiaron el uso de suelo vendiendo los terrenos”, subrayaron.
Afirmaron que actualmente aproximadamente habitan 5 mil familias, lo que equivale a unas 25 mil familias.