El intento del gobierno federal de expropiar 170 hectáreas de terrenos de cultivo en la junta auxiliar de La Resurrección, en la ciudad de Puebla, dejaría sin 90 por ciento de la producción de maíz y frijol a esta comunidad nahua, donde el motor de su economía es la elaboración tradicional de tortillas y gorditas.
Esto significa que no solo se acabaría la producción de maíz y la forma de vida de la comunidad, donde 80 por ciento de las mujeres se dedica a la elaboración de este platillo típico, sino también está en riesgo su identidad cultural, según advirtió el líder de la organización El Barzón en Puebla y diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo.
Destacó que la ubicación estratégica de estos sembradíos de milpa, junto a la autopista y el parque industrial de La Resurrección, ha desatado el interés y la ambición de desarrolladores inmobiliarios por apoderarse de estos predios para edificar casas para burócratas de la SEP.
Lo anterior como parte del programa de descentralización del gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador que reubicará a la SEP en la ciudad de Puebla.
Se tratan de terrenos no solo estratégicos por la siembra de milpas, sino también por su colindancia con la autopista México–Puebla y el parque industrial de La Resurrección.
Ante tal panorama, el legislador destacó el interés y la ambición que existe de desarrolladores inmobiliarios por apoderarse de estos predios, donde se construirían 20 mil viviendas para burócratas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal que llegará en los próximas semanas a asentarse a la capital poblana.
Carvajal Hidalgo informó que de esta situación mantiene informado al equipo de transición de López Obrador a fin de que estén enterados y se frene esta situación.
“Ya presenté un oficio en la casa de transición con documentos anexos; estoy buscando una audiencia con el señor Moctezuma Barragán y ya presenté un punto de acuerdo que se turnará este martes o jueves ante la Cámara de Diputados para exhortar a la SEP que evite el despojo de tierras ejidales en Puebla”, adelantó.
El líder campesino externó que tal vez el gobierno federal electo desconoce del conflicto social que se avecina si acepta estas tierras para la instalación de las oficinas de Educación Pública.
Debido al tipo de juicio y la especulación de tierras que se está dando en la zona, Carvajal no descartó que “tenga las manos metidas” el grupo político que encabeza el ex gobernador Rafael Moreno Valle, esposo de la gobernadora electa Martha Érika Alonso, proceso que está impugnado.
El diputado de Morena argumentó que hace unos días el gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, anunció que los terrenos que se ubican en La Resurrección serán propuestas a la SEP para su instalación, mientras que el resto de los predios quedará en poder del Banco de Tierras del estado.
Incluso reveló que la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Puebla (AMPI) considera la propuesta de las tierras para la edificación de las viviendas.
Ante lo expuesto no descartó que exista una “triangulación de acciones que confirman un negocio redondo con estas tierras” en contra de los ejidatarios.
La semana pasada la defensa legal de los campesinos de La Resurrección solicitó un amparo para poder frenar la expropiación de las tierras.
Este viernes 7 de septiembre el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto por el cual el gobierno federal deberá pagar por indemnización 400 mil 562 pesos.
Al respecto, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales determinó el monto de la indemnización de 39 mil 14 pesos por hectárea este mismo año.
En octubre de 2013 el Insus solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) la expropiación de las hectáreas en mención para su regularización y titulación legal, mediante la venta de los lotes vacantes a los terceros que lo soliciten, además de la donación de las áreas necesarias para equipamiento, infraestructura y servicios urbanos y municipales.
Según el decreto publicado, la zona ejidal de la junta auxiliar de La Resurrección “se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 10 hectáreas de terrenos de temporal de uso común, a favor del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, el cual dispondrá de esa superficie para su regularización y titulación”.
Debido a ello, el legislador federal dijo que los lugareños advirtieron con iniciar una serie de manifestaciones contra la expropiación, e incluso plantarse de manera permanente en los terrenos para impedir el despojo.