Las llamadas para extorsionar a pequeños empresarios y comerciantes de Tecamachalco suceden también en Ciudad Serdán y tendrían como autores, en ambas demarcaciones, a una célula conocida como “los tácticos”, conformada por exintegrantes de la fuerza pública del segundo municipio, durante la administración de Uruviel González Vieyra, preso por su presunta participación en la ejecución de agentes federales en la región del llamado triángulo rojo.
Víctimas de los chantajes en Chalchicomula de Sesma contactaron a La Jornada de Oriente y, solicitando el anonimato por temor a represalias denunciaron que, “los tácticos”, antes de ser policías municipales en Ciudad Serdán se desempeñaron en la desaparecida Policía Federal Preventiva, de la cual fueron dados de baja por malos comportamientos.
Este grupo fue señalado desde 2021 por múltiples abusos. Entre las acusaciones que pesan en su contra se encuentran la siembra de delitos, la instalación de retenes ilegales y actos de extorsión directa contra ciudadanos y dueños de negocios locales.
Con la caída de Uriviel González, “los tácticos” dejaron también de trabajar como policías municipales. Sin embargo, reportes ciudadanos y patrones delictivos identificados en recientes llamadas de extorsión sugieren que podrían haber mutado sus métodos de operación, trasladando su intimidación del ámbito físico al digital.
De acuerdo con testimonios recabados por este medio, comerciantes de Ciudad Serdán han recibido llamadas en las que los extorsionadores aseguran pertenecer a un grupo armado que “vigila la zona”. Algunas víctimas señalan que durante las llamadas los delincuentes mencionan nombres reales de expolicías locales que formaron parte del grupo ahora investigado por la Fiscalía General de la República, lo que apunta a una posible filtración de datos o colusión interna.
Estas llamadas utilizan frecuentemente claves lada 221 y 222, correspondientes al estado de Puebla, e incluyen modalidades como secuestros virtuales, amenazas de muerte y suplantación de funcionarios públicos. Los agresores suelen exigir depósitos inmediatos -con la colaboración de delincuentes de origen sudamericano- intimidando a sus víctimas con detalles específicos de sus rutinas y datos personales.
Fuentes cercanas a las pesquisas señalan la coincidencia en los nombres utilizados, las amenazas contra comerciantes que previamente fueron víctimas del grupo, y el uso de números telefónicos con lada local, lo que podría indicar operaciones desde reclusorios en la Ciudad de México o desde municipios cercanos.
