Pobladores de Ajalpan solicitaron la desaparición del ayuntamiento de esa demarcación para instalar un Concejo Municipal, a fin de terminar con la influencia que todavía ejerce el edil Ignacio Salvador Hernández, quien pidió licencia de cargo y dejó en su lugar a su hijo, en el marco de una investigación en su contra de la Fiscalía General del Estado (FGE) por supuestos vínculos con la delincuencia organizada.
De paso, solicitaron a la Auditoría Superior del Estado (ASE) iniciar una revisión especial sobre la aplicación de recursos públicos hecha durante la gestión de Salvador, al acusar discrecionalidad en la contratación y ejecución de obra pública.
Las peticiones las hicieron llegar al gobierno del estado en una reunión con el subsecretario de Desarrollo Político, Nicéforo Rodríguez Gaytán, tras integrar el colectivo Frente Unidos por Ajalpan.
Ignacio Salvador pidió licencia de cargo el 4 de abril pasado para ausentarse de su responsabilidad por un mes, después de que personal de la FGE realizó cateos a bodegas que presuntamente le pertenece.
En la presidencia quedó su hijo Leonardo Salvador Tirso, por ser el edil suplente, situación que el Frente Unidos por Ajalpan consideró un acto de nepotismo.
Los pobladores inconformes, quienes son encabezados por Ramón Rosas Martínez, Rafael Cesar Solís y Alberto Fortoul Olivier, anunciaron que acudirán al Congreso de Puebla para solicitar una investigación sobre todos los integrantes del cabildo, a fin de analizar la factibilidad de desaparecer al ayuntamiento e instalar un Concejo Municipal.
Alertaron que la permanencia de Leonardo Salvador en la presidencia deja al municipio a merced de las extorsiones y secuestros que han imperado en esa zona del estado en los últimos años, por los cuales la FGE decidió intervenir con el inicio de una investigación sobre Ignacio Salvador.
El Concejo Municipal, expusieron en un comunicado que enviaron a los medios de comunicación, permitirá que Ajalpan sea encabezado por personas que gozan de la confianza y credibilidad de la mayoría de los habitantes.
En cuanto a la auditoría, argumentaron que ésta es necesaria por las anomalías que han detectado en la detonación obra pública, en las que –aseguraron– ha habido complicidad de varios regidores y funcionarios de ese municipio.