El exfiscal Víctor Carrancá Bourget debe ser investigado por ser el principal artífice de la represión durante el sexenio del panista Rafael Moreno Valle Rosas, exigió el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla.
En rueda prensa, la vocera Carolina González Barranco informó no puede darse por cerrado la renuncia de Víctor Carrancá Bourget, debido al principal artífice de la represión en años pasados.
Durante la gestión morenovallista enfatizó que se dio la fabricación de delitos y de órdenes de aprehensión contra activistas sociales y defensores de derechos humanos.
En ese sentido, dijo por lo que debe rendir cuentas y no irse “por la puerta principal”, luego de que el Congreso local avaló su dimisión.
Por lo anterior, demandó al gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta al auditor Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, al secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez y al Congreso local, una postura sobre el desempeño de Carrancá Bourget al frente de la FGE y si merecía revisar su gestión, así como la situación jurídica, material y financiera en la que la dejó al concluir su cargo.
Recordó que el pasado 5 de diciembre de 2019, el fiscal Víctor Carrancá, presentó su renuncia al cargo ante el Congreso del estado de Puebla, y afirmó que los representantes populares la aceptaron sin objeciones.
“Y el ejecutor de la mayor represión social de que se tenga memoria, un envilecedor de toda noción de procuración de justicia, desvencijador de la institución a su cargo y el mejor garante de la impunidad hacia la criminalidad en el estado, ha salido por la puerta principal sin problema alguno”, acusó, en alusión a Carrancá.
Enfatizó que cierto es que todo servidor público tiene el derecho de separarse de su cargo en el momento que lo desee, tras señalar que los poderes del estado que se encuentran a cargo de aceptar dicha separación están obligados a evaluar su desempeño público.
Asimismo, refirió que en caso de permitir su salida sin ningún tipo de rendición de cuentas, revisión o auditoría, Carolina González advirtió que podrían suscitarse acciones de complicidad al dejar expedientes “limpios” de servidores que acumulan innumerables conductas públicas de corrupción, arbitrariedad y aun aquellas que podrían ser calificadas de delictivas.
En tanto, demandó que la falta de evaluación del servicio prestado por funcionarios está dando lugar a que verdaderos ejemplares de corrupción y cinismo político busquen obtener un premio por su desempeño.
Como ejemplo, citó el caso del expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Adolfo López Badillo, quien aspiró a encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos; o del expresidente del IEE, Jacinto Herrera Serrallonga, aspirante a un cargo de magistrado en el Tribunal Electoral Federal. Ambos, después de los deleznables papeles desempeñados al frente de esas instituciones locales.
“Los caprichos del gobernante anterior marcaron la pauta del actuar de la institución que él encabezaba. Así, lejos de ser la brutal incidencia delictiva, la extracción ilegal de hidrocarburos, o los feminicidios sus pendientes por resolver, la prioridad fue lograr el silencio de todas las voces disidentes, de todos aquellos actores o movimientos organizados que pudiesen hacerle contrapeso”, enfatizó.
Por último la vocera del Comité para Presos Políticos informó que en las últimas 72 horas, en el ejercicio de quien sustituye a Carrancá como encargado de despacho en la fiscalía Estatal, Gilberto Higuera, designado por el gobernador Guillermo Pacheco Pulido, atestiguando una preocupante y lamentable reproducción de las peores prácticas de malversación de justicia en el estado vividas en los sexenios pasados.
“Un gobierno que se dice de izquierda, está de esta manera, dando continuidad a las acciones del morenovallismo; parece manifestarse incapaz de privilegiar el diálogo, transparentar sus proyectos ante sus gobernados y buscar soluciones conjuntas”, demandó al último.