El exsecretario del Medio Ambiente, Francisco Castillo Montemayor, pidió al gobierno del estado la liberación del ambientalista Miguel López Vega, en prisión desde el sábado por defender el río Metlapanapa, y que se investigue si la obra del entubamiento de aguas industriales del Parque Ciudad Textil Huejotzingo cuenta con los permisos de la Conagua y el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).
De lo contrario, exigió que se encarcele al responsable de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (Ceas) que autorizó la obra y contrató los servicios sin permiso de descarga.
En entrevista con La Jornada de Oriente, Castillo Montemayor externó que con la detención de Miguel López revivió su encarcelamiento durante el sexenio del panista Rafael Moreno Valle Rosas por la misma lucha, la defensa del medio ambiente.
“Me removió todo, sé que la está pasando muy mal injustamente. Los mandan a una celda de hacinamiento, donde hasta les llegan a dar un escarmiento. La detención de este muchacho es injusta, todas las acciones que está haciendo la población es con el afán de que se respete la ley”, afirmó.
Dijo que las “baterías” de la Fiscalía General del Estado (FGE) deben estar enfocadas a detener a los delincuentes, y no para reprimir a la población.
“Preocupa mucho la detención en un gobierno nuevo, teníamos otras expectativas”, lamentó.
Por esta razón, Castillo Montemayor demandó que intervenga la Contraloría del Estado para que revise si tiene permisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y que no viole las normas que contaminan el río Atoyac, porque sería un delito ambiental que tiene una pena de 9 años de prisión.
El experto advirtió que si estas aguas van a parar a la presa de Valsequillo, área natural protegida, la penalización aumenta a 12 años de cárcel.
Afirmó que la obra que entuba las aguas industriales para desecharlas al río Metlapanapa, sin ningún tratamiento de por medio, está orillando a la población a defenderse. “No les dejan otro camino a los defensores del medio ambiente, ante la ausencia total de autoridades”.
Cuestionó que el fraccionamiento industrial que se inauguró en el sexenio morenovallista fue instalado sin la construcción de una planta de tratamiento para aguas negras, lo cual viola la norma ambiental.
En su lugar, refirió que las fábricas abrieron una laguna de oxidación, una técnica de bajo costo para mitigar las aguas contaminadas, que ya está afectando en la salud a los pobladores de la región.
“Y lo que resulta más grave es que la Comisión de Saneamiento realice la denuncia en contra del ambientalista, cuando la ley es clara al referir que nadie puede descargar aguas industriales sin tratamiento”, argumentó.
Dijo que el artículo 416 del Código Penal Federal establece una sanción de nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días multa, al que ilícitamente descargue, deposite o infiltre, lo autorice u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, que cause un riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente.
Ante lo expuesto afirmó que la Comisión de Saneamiento está incurriendo en omisiones, debido a que una de sus funciones es garantizar que no se contaminen las aguas.
“La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento es la contraparte de la Conagua en el estado y debe estar vigilando que se cumpla la ley”, reclamó.
Finalmente, Francisco Castillo Montemayor comentó que con el cambio de gobierno confió que no volvería a pasar el tema de los presos políticos, pero está pasando y sin justificarse la acción penal.
“Quién es más delincuente, el que detiene con protestas una obra nociva y que daña el bienestar de una población o quien la autoriza”, lanzó la pregunta.