A 33 años de la desaparición de Tomás Pérez Francisco, defensor del territorio, no hay avances debido a varios vicios como la ausencia de coordinación entre la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Fiscalía Especializada en Investigación los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y hasta con en el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas.
Lo anterior fue denunciado la mañana de ayer por Guadalupe Pérez Rodríguez, hijo de Tomás Pérez Francisco, y organizaciones y especialistas que lo acompañan, como el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla (IDHIE) y la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio (Corason).
En ese marco, Pérez Rodríguez emplazó a los titulares de las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos –Rosario Piedra Ibarra y José Félix Cerezo Vélez, respectivamente–, a que se pronuncien sobre la dilación en las investigaciones en localización de su padre.
Desde el IDHIE se envió un documento a las autoridades poblanas que reúne las exigencias por verdad y justicia para Tomás Pérez Francisco y destaca los procesos deficientes y múltiples violencias que se han ejercido en el caso. Roberto Rosete Guzmán, responsable de Orientación Jurídica y Psicosocial del instituto, reiteró su solidaridad con la causa y exhortó a las autoridades a que sus palabras y promesas se materialicen en acciones concretas, reales y efectivas.
Al respecto, el historiador Rubén Ortiz Rosas, analizó el caso desde el enfoque de larga data. Ubicó la desaparición de Tomás Pérez Francisco en un momento de contrainsurgencia que persistía en México desde 1950, donde la desaparición forzada y la represión fueron prácticas fomentadas por el Estado ante la efervescencia política y social, por lo que, según el consultor independiente, su papel en la investigación es crucial.
“Todo el caso se gesta en torno a una persona que exige tierra, y que es parte de una lucha que, para ese momento, tenía poco más de 80 años. También pasa un año antes de la aprobación de la reforma agraria, por lo que jamás les dieron nada. Fue un intento de silenciar la lucha”, explicó Ortiz Rosas
La labor de Tomás Pérez como defensor del territorio también debió ser una línea de investigación fundamental, expuso por su parte, Mauricio González González. Para el integrante de Corason, es urgente incorporar un enfoque intercultural que a la vez sea cuidadoso con la comunidad, y que tenga en cuenta la vigencia de las luchas de las comunidades indígenas frente al despojo.
“Si bien la lucha por la tierra ha marcado muchas regiones del país, particularmente en la sierra Noroccidental de Puebla es muy fehaciente porque los rastros están legibles en dolores como el que padecemos con Tomás. Esa es una de las formas en las que pedimos que esta investigación sea considerada”.
En su turno, Irma Pineda Santiago, poeta y activista de la lengua didxazá, afirmó que la desaparición de Tomás Pérez Francisco es una clara muestra del borrado histórico a las comunidades indígenas en México.
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Añadió que es necesario incorporar la perspectiva de los pueblos originarios en las líneas de investigación de casos de desaparición de personas indígenas, pues “cuando una persona indígena es arrebatada de su comunidad, están rompiendo el tejido comunitario. Desaparecer a una persona de pueblos indígenas también implica desaparecer a las culturas y a los pueblos”.
La última vez que Tomás Pérez Francisco fue visto con vida fue el 1 de mayo de 1990, cuando un grupo armado lo interceptó en su camino a las comunidades vecinas de Pantepec.
“Que esta historia pueda servir para que otras familias no tengan que vivir lo mismo que nosotros (…)Pensamos que tiene que valer la pena tanto dolor, tanta tristeza y tantos años de espera, indicó Guadalupe Pérez Ortiz .