Sábado, noviembre 27, 2021

Exhibe el gobierno un permiso del INAH para el distribuidor de Cholula

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Un alto funcionario del Poder Ejecutivo, con mucho sigilo, mostró a este columnista un documento suscrito por el delegado en Puebla del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Francisco Ortiz Pedraza, en el cual se autoriza –con ciertas restricciones– la construcción del distribuidor vial de San Pedro Cholula, que el gobierno del estado levanta cerca de la zona arqueológica de esa zona.

El documento de una cuartilla, suscrito en 2013 y cuya vigencia es de un año, solamente se permitió su lectura a este tecleador, sin la oportunidad de poderlo fotocopiar o transcribir, y con la condición de mantener en el anonimato la fuente que me dejó escrutar su contenido en un par de ocasiones.

Los argumentos –esgrimidos por la fuente– para hacerlo de esa manera son dos:

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La primera es que el gobierno del estado no está dispuesto a entrar a una guerra de intercambio de ataques contra los grupos sociales que se oponen al distribuidor vial, entre los que se encuentran académicos del INAH; solamente quiere dar constancia de que sí cuenta con el permiso correspondiente para llevar a cabo la obra en cuestión y que se tiene el supuesto aval de que no se daña el patrimonio cultural y el paisaje urbano de la zona.

Y la segunda, que el documento solamente se estaba dejando ser leído a periodistas de La Jornada de Oriente y Reforma, por ser los más interesados en el tema del distribuidor. No se podía entregar copia del mismo porque entonces se tendría que distribuir a toda la prensa local.

Según esta fuente, el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas no estaba obligado a tramitar el permiso del INAH, pero lo acabó haciéndolo , antes de iniciar las obras, como una manera de evitar suspicacias de que los trabajos ponen en riesgo a la pirámide prehispánica de Cholula, que es la más grande del mundo en cuanto a su base.

Para sustentar su dicho, la fuente, me mostró un mapa en el cual se observa que el área de la obra no está en el cuadro que delimita la zona histórica protegida, aunque no supo precisar el número de metros que existe de donde se está levantando el distribuidor y donde se ubica la pirámide.

El permiso que le fue enseñado al columnista está dirigido a Federico Bautista, quien era parte del Comité de Obra Pública de San Pedro Cholula –más o menos así era el cargo anotado en el documento–, en el cual el delegado del INAH manifiesta que con base a la consulta que solicitó al gobierno del estado respecto a la construcción del distribuidor, establece:

Que se autoriza la obra, que incluye la modernización de la vialidad en donde se ubica una fuente dedicada a Quetzalcóatl, y que con esos trabajos no se pone en riesgo la zona protegida, de la pirámide y el templo de la virgen de Los Remedios.

Se indica que el proyecto incluye la construcción de un distribuidor vial, así como de puentes peatonales y de áreas verdes.

Entre las restricciones que establece el INAH se encuentra la advertencia de que cuando se haga la cimentación de la obra y la adecuación del drenaje se deberá contar con la supervisión de personal especializado del instituto.

Otro punto es que se designa a los arqueólogos Sergio Vergara y Jorge Salgado, para que estén al frente de la supervisión de dicha obra de infraestructura, en lo que concierne a las competencias del INAH.

Se pide que se lleve un registro fotográfico puntual y detallado del avance de los trabajos, y que se notifique de los plazos de ejecución del proyecto y en que fecha será terminado.

De los datos que este columnista pudo retener, luego de hacer un par de lecturas rápidas, es que la respuesta ofrecida por el delegado del INAH se basa en los artículos 3 y 43 de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas.

En el documento no se puede establecer la fecha exacta en que se emitió. Sólo se desprende, por algunas leyendas del papel membretado, que se expidió el año pasado.

Aunque la fuente que se vio con este columnista dijo que el gobierno del estado no quiere entrar en controversia con los opositores al distribuidor vial de Cholula, es evidente que el Poder Ejecutivo busca evitar un conflicto similar al que enfrentó por la construcción de un teleférico en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

Con ese conflicto se frenó el proyecto del teleférico porque la administración morenovallista obtuvo de manera extemporánea los permisos del INAH, y destruyó el inmueble de la Casa del Torno, que estaba catalogado como parte del patrimonio cultural de la humanidad.

Ahora pareciera que el gobierno tomó algunas providencias para evitar que nuevamente le frustren unos de sus proyectos.

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