El área jurídico–administrativa del Instituto Electoral del Estado (IEE) ha propuesto la contratación de personal que asuma las funciones de conteo y cómputo de votos durante la elección extraordinaria del 7 de julio próximo, pese a que son tareas exclusivas de los ciudadanos que forman parte de las mesas directivas de casilla.
Lo que está sucediendo con el órgano comicial es inverosímil e inaceptable. La iniciativa presentada ayer pretende acabar de un plumazo con el espíritu de la ley electoral que tantos años de lucha costó a la sociedad mexicana: la ciudadanización de las instituciones encargadas de organizar las votaciones.
Sin embargo, el planteamiento no sorprende, dado el estado de cosas que se padece en Puebla. En efecto, la institucionalidad ha sido socavada, no solo en el IEE, sino en los poderes Legislativo y Judicial, sometidos por completo a los deseos e intereses del gobernador del estado.
En un momento donde las principales fuerzas políticas han mezclado un tema toral para el futuro del país, como la reforma energética, con sus intereses particulares en la discusión sobre la ley electoral, no es difícil que el minúsculo grupo que detenta el poder en la entidad busque afianzarse en el poder del IEE para lograr una continuidad en su proyecto político.
Es momento de que las fuerzas opositoras con registro partidista se den a la tarea de ejercer su papel obligado de contrapesos y anule la iniciativa que va contra el despojo absoluto del instituto a los ciudadanos.