Lunes, agosto 2, 2021

Exaspirantes independientes promueven juicio político contra consejeros del IEE y magistrados del TEEP

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Norma Romero Cortés y José Alfonso Aguilar García presentaron ante el Congreso de la Unión una solicitud de juicio político para la destitución de los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) y de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), por supuestas violaciones graves a la Constitución del país que habrían cometido al negarles el registro como candidatos independientes en el proceso electoral de este año.

Romero y Aguilar buscaron competir por el ayuntamiento de Puebla como abanderados a edil y síndico, respectivamente, tras reunir las firmas de apoyo ciudadano equivalente a poco más del 1 por ciento de las personas inscritas en el listado nominal de electores.

Ambos soportaron su lucha en el “Código de buenas prácticas en materia electoral” de la Comisión de Venecia, de la que México es parte, donde se señala que en la presentación de candidaturas “es preferible que la ley no exija las firmas de más de 1 por ciento de los votantes”.

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El Consejo General del IEE les negó el registro debido a que el Código de Instituciones y Procesos Electorales de Puebla pide un mínimo de apoyos equivalente al 3 por ciento de la lista nominal, decisión que avaló el TEEP.

Romero y Aguilar también presentaron la solicitud de juicio político contra los magistrados que integran la Sala Regional Ciudad de México y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que promovieron diversos litigios en esas instancias, buscando su protección, pero todos fueron desechados.

Acusaron a los tribunales electorales de incurrir en violaciones graves, debido a que se negaron a interpretar la norma constitucional sobre derechos humanos de conformidad con los tratados internacionales y con la jurisprudencia convencional.

La solicitud de juicio político pesa, además, sobre los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por implementar una aplicación móvil para recabar el apoyo ciudadano donde las empresas extranjeras facebook y google fungían como “autenticadores” en el proceso informático.

“Se genera una potencial amenaza, porque la información confidencial, que sirve para desarrollar la vida democrática del país es almacenada en servidores de entes extranjeros”, alegaron.

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