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Puebla se encuentra entre los nueve estados que presentan cifras de personas sin acceso a servicios de salud que en total suman 15.5 por ciento, condenó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Así lo informó el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, quien dijo que pese a los avances, en México más de 19 millones de personas (15.5 por ciento de la población) no tienen acceso a servicios de salud, lo que resulta injustificable.
De acuerdo con el titular de la CNDH indicó que en los últimos ocho años la cifra de habitantes sin acceso a la salud en el país pasó de 42.8 a 19.1 millones de personas.
A pesar que hubo una disminución del 50 por ciento, refirió que los esfuerzos son todavía insuficientes, ya que es un derecho exigible.
González Pérez enfatizó que datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social revelan que en 2016 nueve entidades federativas presentaban cifras de personas sin acceso a este derecho superiores a 15.5 por ciento.
Se trata de Baja California, Ciudad de México, Jalisco, estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Veracruz.
Al respecto, lamentó que en los años recientes se haya reducido al menos en 10 mil millones de pesos el presupuesto para ese rubro, pues en 2016 el gasto público en la materia representó 2.9 por ciento del producto interno bruto.
Puso en relieve las obligaciones del Estado en relación con el derecho a la salud, conforme a los estándares nacionales e internacionales.
En ese sentido, hizo un nuevo llamado a las autoridades a ratificar e integrar en nuestro sistema jurídico el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que permite al Comité respectivo recibir comunicaciones de personas o grupos que consideren fueron violados sus derechos en estos ámbitos.
Además –añadió- de los instrumentos que se constituyeron vía complementaria de garantía internacional para la exigibilidad y realización del derecho a la protección de la salud.
En cuanto al panorama actual en el país, dijo que demanda políticas públicas y programas nacionales para garantizar el acceso a centros, bienes y servicios de salud en igualdad y no discriminación.
También aseguró la ciudadanía pide que la autoridad vele por una distribución equitativa de todas las instalaciones, bienes y servicios en esa materia; vigilar la apropiada formación de médicos y personal relacionados, así como facilitar medicamentos esenciales y proporcionar la atención integral a los pacientes.
Luis Raúl González Pérez recomendó que toda la población, especialmente la de bajos ingresos, acceda a servicios de salud, adecuados, asequibles y de calidad, se asignen recursos suficientes al sector y continúe sus esfuerzos para asegurar el acceso, disponibilidad y calidad de la atención, en especial en regiones rurales y remotas.
Destacó que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en su Objetivo 3 busca atender las situaciones específicas de la salud infantil, la materna y enfermedades como el VIH/SIDA con metas concretas.
Apuntó que en la prevención de muertes evitables de recién nacidos, así como en niñas y niños menores de cinco años, se han dado pasos importantes, pero la meta debe ser reducirlas al mínimo, por lo que las estrategias que no han funcionado deben replantearse.
Argumentó que la evaluación de las políticas de desarrollo social 2018 del Coneval expresa que la organización del sector salud es compleja y fragmentada, y ofrece una protección incompleta y desigual a la población, lo cual limita la continuidad en la atención.
Asimismo, recordó que la CNDH en distintas Recomendaciones Específicas y Generales, como la número 15/2009; 29/2017 y 31/2017, ha visibilizado la necesidad de contar con personal suficiente, debidamente capacitado y en condiciones de trabajo que permitan atención oportuna y pertinente a la población, además de enfatizar la necesidad de dotar de recursos materiales – de infraestructura y tecnológicos— y abastecimiento suficiente de medicamentos.