Estado vs oligarquía: por qué este sexenio será una guerra sin cuartel

Amlo y el Estado

Qué hacer con el Estado es una vieja y recurrente cuestión de todas las izquierdas. De los poderes formales, la administración pública, la hacienda nacional u otros órganos de vigilancia y represión que existen por encima, y por debajo, de todos los gestores que intenten dominar, cambiar o regular las formas de la dominación estatal, mucho se ha escrito, aunque, tras el final traumático de la experiencia chilena en 1973, predomina la idea que ningún gobierno puede, o debe, controlar, limitar o erradicar los factores de poder real (pluralismo le llaman) que ejercen de camisa de fuerza de toda política pública. Desde la gran empresa a los “intereses extranjeros”, tutelados por Estados Unidos, a las iglesias locales o los latifundios mediáticos, pasando por otras instituciones de la sociedad civil, un anillo de poderes internos y externos termina por acotar aquello que puede hacer, o no, un presidente, un congreso o un partido.

El consenso es que no puede haber proyectos radicales de transformación porque los intereses creados, los grupos de poder enquistados por años, no pueden permitir que esto suceda. Así que siempre es mejor consensuar, negociar y transar con ellos. Las políticas de acoso y derribo contra Venezuela se explican, también, por esta doctrina universal según la cual ningún país debe seguir el ejemplo prohibido de la Unidad Popular chilena. En estos márgenes cada vez más acotados de la soberanía nacional y la potestad de los gobiernos, ¿qué puede esperarse del sexenio de Andrés Manuel López Obrador?

La posición del presidente Obrador es una de las más sutiles y delicadas en el mapa latinoamericano. La decisión de respetar la soberanía venezolana, aún sin embajador formal en Caracas, es una atrevida puesta en escena del activismo diplomático del mejor México, incluso a costa de perder la benevolencia del vecino norteño, pero el pasado es maestro del futuro y este retorno imprevisto de la Doctrina Estrada podría revivir los días de gloria de la diplomacia azteca siempre que el gobierno llegue, fuerte y unido, a las elecciones intermedias del 2021.


Es en ese contexto que debemos ubicar el ataque masivo contra Conacyt en febrero del 2019. La fortaleza o la debilidad del programa de transformación de López Obrador se dilucida en todos los campos. Un alfil caído sería la primera prueba que el empuje irresistible de la Cuarta Transformación ha topado, al fin, con la sutil trama de los poderes reales.

La renuncia de David Ledesma a su cargo en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el pasado 14 de febrero de 2019 fue su pequeño consuelo. Fue el primer peón capturado por la armada liberal, pero el caso Ledesma fue, a su vez, el escándalo impostado de la buena sociedad chilanga, afectada en grado extremo por el temible órdago de los Nadie a una clase media de gestores-profesionistas, cuyo acomodo en los círculos intermedios del Estado, con su red de relaciones, títulos y lealtades, se construyó sobre la exclusión de los incompetentes, es decir, todos aquellos militantes, activistas, intelectuales o ciudadanos de izquierda que no pasaron por los canales de aprendizaje y socialización establecidos en años recientes a través de ciertas universidades, ciertos medios de comunicación y ciertos lugares de la esfera pública.

 

Estado y Conacyt
María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general de Conacyt

 

Para este clase burocrática de matriz salinista, defender sus posiciones es cuestión de vida o muerte. Y en asuntos tan sagrados, aplica el viejo refrán que, al enemigo, ni agua. Un grupo consciente de su posición en el orden social entiende que las mutaciones en el orden político afectan sus posibilidades de reproducir tanto sus condiciones de vida como sus condiciones de acceso, ergo, las palancas que garantizan la participación en los nodos de autoridad, prestigio y dinero sustentados, como es norma en México, desde la rama ejecutiva.

Muchos son los damnificados que prefieren morir matando. Los dueños de los medios, por ejemplo, o las redes intelectuales dominantes, aunque oxidadas (la dupla Letras Libres-Nexos), sin mencionar las mafias de la ciencia, que, fuera de Conacyt, pierden su capacidad de intermediación entre agentes privados y recursos públicos. Existen demasiados grupos de interés excluidos, súbita y radicalmente, de la dirección, los negocios y la gestión del Estado.

 

El Estado es nuestro: razones y raíces de un enfrentamiento anunciado

 

Hasta el 1 de diciembre de 2018, la administración pública era terreno seguro para la reproducción de las élites y sus rémoras, este ejército de licenciados-designados que sienta sus reales en la administración federal y sobrevive, demasiadas veces, a la cíclica purga de burócratas en cada recambio sexenal, cuya función es permitir que todo mexicano disfrute por un tiempo limitado de un sueldo decente antes de ser arrojado, de nuevo, a las fauces del trabajo precario.

Eso explica, a mi entender, la saña contra David Ledesma Feregrino, que superó, de lejos, los estándares de furia que las buenas consciencias de la ciudad letrada reservan a sus supuestos y reales enemigos. Se valió robar fotos privadas en medios digitales y exhibir su intimidad en redes para luego aventar su sarta de epítetos usuales. Clasistas, racistas y sexistas, porque ese 3 en 1 es costumbre en México.

El linchamiento en tiempo real fue catártico para esa cohorte de licenciados que alaba la competencia tecnocrática de su casta y de sus jefes sin recordar que, al decir de Cynthia Ramírez, “la incompetencia puede ser una cómoda coartada para no nombrar las cosas por su nombre (corrupción, colusión, conflicto de interés, nepotismo, etcétera)” o, tal cual decía un lúcido itamita, una forma de “pretender que no tuvimos responsabilidad como comunidad en haber creado las condiciones que llevaron al electorado a elegir, por una amplia mayoría, a un gobierno cuyas políticas en muchos casos son antitéticas a los principios que profesamos”.

Escasa es la autocrítica. Y el tiempo apremia. De consolidarse el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, podría crearse una fuerza hegemónica de cuadros profesionales, administrativos y políticos capaces de asegurar un dominio transexenal siempre que se cumplan tres condiciones vitales: retomar el control de las parapúblicas y el negocio energético, establecer un Estado social que haga la diferencia con el asistencialismo a modo de anteriores gobiernos y recuperar el control del territorio sin costos inasumibles de vidas humanas.

Dos de estas estrategias ya están en marcha y la tercera apenas se empieza a vislumbrar entre dudas y recelos. De cumplirse las tres promesas, podía hablarse de eso que tanto gusta a la resistencia tuitera: el régimen obradorista.

Porque debe uno decirlo, a riesgo, incluso, de contradecirse. Parece que, en contraposición al modelo español que, vía reclutamiento burocrático u hostigamiento represivo, modernizó el Estado para apuntalar la hegemonía de los poderes fácticos (la banca, el eje francoalemán o Washington), el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador apunta en otra dirección.

Lo que veremos en este sexenio incipiente es un proceso de recomposición y recambio de élites para poner un alto a 30 años ininterrumpidos de gobernación tecnocrática rompiendo, solo en parte, el marco legal y cultural que se impuso entre 1988 y 1994 a partir de la doble doctrina de privatización del Estado (organismos reguladores y paraestatales subordinadas a los grandes monopolios) y la integración económica de México en las cadenas de producción y distribución de Estados Unidos.

Se revierte el modelo privatizador, o el Estado externalizado, aunque se ratifica, sin discusión, la camisa de fuerza de los tratados de libre comercio con los dos socios norteamericanos. Asunto cerrado que indica los límites del lopezobradorismo como desafío del orden sacramental del liberalismo. Algunas cosas, por desgracia, se volvieron irreversibles.

Pero, a diferencia de la gobernación de hierro que la Unión Europea ejerce sobre sus naciones-miembro, México tiene margen de acción. El poder presupuestal del Estado (motor económico del país) y el papel de la presidencia para la definición de las reglas de juego entre poderes legales, reales y fácticos no es cosa menor.

El cometido más arriesgado y crucial de este sexenio sin excusas es destruir, o erosionar cuando menos, un sistema oligárquico de relaciones basado en un anillo de organismos autónomos al servicio de intereses particulares, protegido por un gobierno federal cuya misión principal era garantizar la acumulación de capital privado y la circulación de élites entre empresas y Estado, incluyendo la subcontratación de empresarios para dirigir la política educativa de México, cuyo mejor ejemplo fue la posición hegemónica que un junior activista como Claudio X. González obtuvo en el proceso de vigilancia y castigo de docentes conocido como reforma educativa transexenal, expediente que quedó sepultado por la masacre de Nochixtlán aquel 19 de junio de 2016.

Tres elementos definieron el terreno de esta confrontación finalmente establecida. Las previas iniciaron antes incluso del 1 de diciembre de 2018. Fueron, en orden aleatorio, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la denuncia de las puertas giratorias entre la Comisión Federal de Electricidad y la industria energética y la conversión de la lucha contra la extracción y tráfico de gasolina, el extendido huachicoleo, en prioridad nacional. Delimitar la arena de lucha y los múltiples rostros del adversario es tan necesario como riesgoso: aseguras claridad en los objetivos e infundes el coraje emocional necesario para que formar parte de un gobierno sea algo más que vivir del presupuesto, pero no hay que conocer demasiado a Sun Tzu para saber que Morena es un frente disperso, apenas fogueado en la batalla concreta, que tiene enfrente a un rival templado por la gobernación casi perpetua de todas las cosas. Por más corrupta que sea la tecnocracia salinista, de ellos puede decirse el célebre, y apócrifo, dicho de Luis XIV: L’État, c’est moi.

Parodiando a Eric Hobsbawm, estos serán años interesantes. Y deberemos no solo analizarlos, sino también vivirlos desde nuestras propias y asumidas trincheras. Lo que ya quedó resuelto en menos de cien días es la duda que expresaba un joven académico en noviembre de 2018:

 

“En algún momento de más calma, los adversarios del próximo gobierno van a tener que decidir si quieren seguir siendo parte del liberalismo dogmático, antidemocrático y regañón que descalifica a quienes “no saben” o piensan diferente. O van a superar pronto el trauma de ya no ser el punto de referencia de la toma de decisiones públicas y van a aprender a tomar en serio, a escuchar y a dialogar con “los que no saben”.

 

Ellos ya decidieron.  Y tú y yo también.

 




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