La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresa su total rechazo a los actos de barbarie que en los últimos días se han presentado en los estados de Puebla e Hidalgo, y que concluyeron con el linchamiento de cuatro personas y un intento no consumado sobre dos personas más, a la vez que demandó se deslinden las responsabilidades en que habrían incurrido, tanto las autoridades que no lograron evitar que se privara de la vida a personas, como aquellos que habrían ejecutado en forma directa tales hechos.
Entrevistado al término de la inauguración de la Segunda Asamblea Plenaria Ordinaria 2018 de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), en Guadalajara, Jalisco, el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez afirmó que en tanto el Estado no cumpla con sus obligaciones de abatir la impunidad y brinde condiciones mínimas de seguridad a la sociedad, la desconfianza en las instituciones y la desesperación de las personas por obtener justicia, dejará abierta la puerta para que se presenten nuevos casos de justicia por propia mano.
González Pérez expresó su más enérgico rechazo a los recientes casos de linchamiento ocurridos en los estados de Hidalgo y Puebla, a la vez que demandó una investigación objetiva e integral de los hechos.
“Es preciso que se investigue y determine la responsabilidad, tanto de las autoridades que no evitaron que estos casos se presentaran, como de las personas que habrían participado en los mismos. La justicia por propia mano no es justicia, es barbarie”, demandó.
Tan sólo en 2018, la CNDH informó que tendría registro de cuando menos 25 personas que habrían sido privadas de la vida y 40 que se habría intentado linchar y fueron rescatadas con distintos grados de lesiones.
Ante la recurrencia de los casos en que se ejerce justicia por propia mano, la CNDH prepara un informe sobre la problemática de los linchamientos, enfatizando que la justicia por propia mano no es justicia, sino barbarie.
En un comunicado, precisó que las autoridades tengan protocolos de actuación y estrategias para la atención de estos casos, cuestiones que han probado ser efectivas para evitar que se presenten pérdidas de vidas cuando se detectan las amenazas y se actúa debidamente para controlarlas.
En estos casos, refirió, la actuación oportuna de la autoridad es la diferencia entre la vida y la muerte de las personas.
La CNDH hizo un llamado a las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno para que adopten las medidas conducentes a efecto de detectar y atender los casos en que exista riesgo de que las personas ejerzan justicia por propia mano, reiterando la necesidad de que los casos que se han presentado se investiguen y se determinen las responsabilidades que correspondan, tanto por omisión como por actuación indebida, de autoridades y particulares.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que los dos hombres quemados vivos el pasado martes 28 de agosto por una turba en Acatlán de Osorio eran campesinos y que no hay ningún indicio de que estuvieran secuestrando menores. A su vez, el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, indicó que se abrió una carpeta de investigación para el presidente municipal Guillermo Martínez Rodríguez y a la Policía bajo su mando por las omisiones que derivaron en los asesinatos tumultuarios.
Tan solo en este año la SGG ha intervenido en 198 intentos de linchamiento, rescatando a 201 personas, aunque admitió que 15 personas si fueron ultimadas a manos de una multitud.
La autoridad confirmó que en los hechos de Acatlán de Osorio “de manera preliminar se descarta que los occisos hubieran participado en algún delito, presuntamente se dedicaban a labores del campo”.
De manera extraoficial se sabe que Ricardo Flores Rodríguez, de 22 años, y Alberto Flores Morales, de 53 años, estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública y por eso fueron detenidos y llevados a la comandancia de la Policía Municipal de Acatlán de Osorio.
Un tercer hombre estaba con los hoy dos interfectos, pero logró escapar.
En el trayecto hacia el edificio, que se ubica a un lado de la presidencia municipal, la gente comenzó a llegar a la comandancia asegurando que los detenidos habían intentado privar a dos menores de su libertad.
Fue así que se desataron los hechos violentos en los que ambos fueron quemados vivos luego de que la turba irrumpió violentamente a la comandancia para sacarlos, sin que intervinieran los elementos que los custodiaban, como se aprecia en videos que circulan en las redes sociales.