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El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria SJ (IDHIE) y el Servicio Jesuita a Migrantes México (SJM) denunciaron que en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Puebla es un “entorno socialmente torturante”, en el que se ejecutan “maltratos, abusos y condiciones insalubres, en particular para mujeres, familias y” niños.
Ambos organismos, vinculados a la Compañía de Jesús, emitieron este lunes un posicionamiento a propósito de la detención de 688 migrantes en Puebla y de la muerte de otras seis personas indocumentadas por la volcadura de una camioneta el viernes pasado en la carretera México-Veracruz en el tramo Azumbilla–El Seco.
“Ambas instancias expresamos nuestras condolencias y solidaridad con las familias de las personas migrantes fallecidas y heridas por la volcadura de una camioneta, ocurrida la noche del viernes 12 de agosto en una carretera federal en el municipio de Cañada Morelos, del estado de Puebla. Entre las víctimas mortales se encuentran al menos tres niños, un bebé y adultos que provenían de Cuba, Venezuela y Ecuador”, establecieron los organismos jesuitas.
Añadieron: “asimismo, manifestamos nuestra profunda preocupación por la detención de casi 700 personas, principalmente originarias de Centroamérica, en dos operativos migratorios en Puebla”.
El IDHIE de la Universidad Iberoamericana y el SJM señalan que “las crecientes muertes y detenciones de personas migrantes internacionales en Puebla y otras partes de México y el mundo, siguen siendo resultado directo de las políticas migratorias que priorizan la militarización y la contención de flujos en tránsito irregular”.
Agregan que “por el trabajo que hacemos desde hace varios años, sabemos que la capacidad del centro de detención de migrantes (‘estación migratoria’) en Puebla actualmente es de alrededor de 60 personas; que existen maltratos, abusos y condiciones insalubres, en particular para mujeres, familias y niñez, tratándose de un espacio que podría clasificarse como un entorno socialmente torturante”.
En el comunicado los organismos hacen un llamado al gobierno federal para “buscar alternativas efectivas de política más próximas a lo establecido en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular”.
A las autoridades migratorias y personal de los centros de salud, les solicitan que se les ofrezca a las personas heridas por la volcadura de la camioneta toda la atención legal y médica que sea necesaria, respetando en todo momento sus derechos humanos como lo marca la ley.
A las instancias federales y estatales, en particular al Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, les demandan que respeten “el debido proceso de cada persona detenida, permitiéndoles hacer llamadas telefónicas diarias y ofreciendo oportunamente las orientaciones jurídica, médica y psicosocial que soliciten, bajo las mejores condiciones de infraestructura y cuidado de la salud, según lo establece la legislación mexicana en la materia”.
A los Sistemas Estatal y Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), les requieren “asegurar la protección de los derechos e integridad de los menores de edad afectados por la volcadura de la camioneta” y a “la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, garantizar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes detenidas a partir de los operativos”.