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El Sistema Operador de de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP) tiene un riesgo elevado en cuanto a su nivel de endeudamiento debido a que sus obligaciones financieras sobrepasan en un 500 por ciento sus ingresos de libre disposición, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Hasta el cierre de 2022, la deuda del SOAPAP ascendía a mil 97.6 millones de pesos, de acuerdo con un informe presentado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputaos con base en las cifras de Hacienda.
La cifra señalada por el CEFP coincide con la expresada el pasado 13 de septiembre por Francisco Castillo Montemayor, exdirector del organismo, al participar en un foro sobre el tema a 10 años de la concesión que el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas entregó a la empresa Concesiones Integrales.
En aquella ocasión, Castillo estimó una “deuda histórica” de mil 80 millones de pesos, cifra a la que debe sumarse otra cantidad por 2 mil millones de pesos que la empresa ha solicitado para realizar obras hidráulicas, así como otra suma por mil 500 millones de pesos que pidió a la banca privada para pagar la contraprestación al gobierno de Puebla por recibir la concesión, cantidad que sumadas a intereses superarían los 5 mil millones de pesos.
De acuerdo con el informe del CEFP, la deuda que el SOAPAP tiene sobrepasa en 500 por ciento sus ingresos de libre disposición, los cuales ascienden a 216 millones de pesos, lo que representa un nivel de endeudamiento “elevado” y de alto riesgo.
Según establece la ley, si un ente público se ubica en un nivel de endeudamiento elevado no podrá contratar financiamiento adicional en ausencia de un convenio de ajuste en sus finanzas públicas. En cualquier caso, el nivel final de financiamiento deberá ser aprobado por el Congreso local.
Previamente, Castillo Montemayor alertó que en el futuro, el nivel de endeudamiento tanto del SOAPAP como de Concesiones Integrales será inviable, momento en el que la empresa renunciará a la administración del organismo y la deuda será heredada a los ciudadanos.
Es necesario recordar que la principal promesa con la que el gobierno morenovallista entregó la concesión del organismo a una empresa privada, fue que esto serviría para sanear las finanzas del mismo, la cual no se ha cumplido.
Hasta la fecha, organizaciones como la Asamblea Social del Agua (ASA) impulsan la revocación de la concesión pero la petición ha sido desatendida tanto por el gobierno estatal, el municipal así como el Congreso local.