Viernes, febrero 7, 2025

Envueltos en escándalos, cinco diputados, ediles y candidatos del PT poblano

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En los últimos 14 meses el Partido del Trabajo (PT) se ha visto envuelto en los escándalos generados por cinco políticos que arropó en Puebla como diputados, presidentes municipales y candidatos, quienes han sido involucrados en diversos actos de corrupción, mientras dos de ellos se encuentran en calidad de prófugos.

El caso más reciente es el de Miguel Ángel Maceda Carrera, alcalde del municipio mixteco de Piaxtla, cuyo paradero se desconoce desde el 15 de junio pasado luego de que un poblador falleció por la posible golpiza que le propinaron elementos policiacos de esa demarcación, tras ser detenido por su participación en un disturbio.

Carlos Orea Alonso, líder de migrantes en esa región sur del estado que colinda con las entidades federativas de Morelos y Oaxaca, aseguró que el edil se fugó con el apoyo de su hermana, la diputada federal del PT Nelly Maceda, tras intentar encubrir la agresión de los uniformados con un acta de defunción falsa.

La legisladora del distrito 14 de Acatlán rechazó fijar postura ante los señalamientos que enfrenta en entrevista con La Jornada de Oriente, medio de comunicación que buscó el acercamiento el miércoles y jueves de la semana anterior.

Nora Merino y las denuncias de certificados falsos

A la lista de escándalos se suma el protagonizado por Nora Merino Escamilla, coordinadora de la bancada del PT en el Congreso local, que ha sido vinculada al extitular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco José Romero Serrano, y al director de Diario Cambio, Arturo Rueda Sánchez, quienes enfrentan diversos procesos penales que los tienen en prisión.

Versiones periodísticas aseguraron que Merino presentó un certificado médico falso para ausentarse de la sesión del Congreso local del 31 de marzo pasado, en la que se votó la destitución de Romero. Además, se le culpó de tramitar pruebas positivas de coronavirus falsas a favor de Rueda, con el propósito de que fuera trasladado a un hospital y pudiera dejar la cárcel.

La líder de los diputados petistas aseguró que las acusaciones son falsas, mientras el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, convocó el 3 de junio pasado a los servidores públicos a apegar sus actos a la ley, al recordarles que los cargos públicos son transitorios, tras ser cuestionado sobre el tema en conferencia de medios.

Mauricio Toledo, el otro prófugo

La racha de escándalos en el PT inició en abril de 2021 con la decisión que tomó de postular a Mauricio Toledo Gutiérrez como candidato a diputado federal en el distrito 5 de San Martín Texmelucan, pese a que para ese entonces ya enfrentaba una solicitud de desafuero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

La FGJCDMX solicitó el retiro de la inmunidad procesal que gozaba Toledo como diputado federal de la capital del país, a fin de que pudiera procesarlo por el delito de enriquecimiento ilícito.

Aunque el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena solicitó al PT reconsiderar la postulación, en su calidad de aliado electoral, el instituto político que encabeza a nivel nacional Alberto Anaya Gutiérrez no sólo mantuvo la candidatura para la reelección de Toledo, sino que registró como abanderado suplente a un cercano a éste, Jaime Baltierra García, aunque ninguno de los dos tenía trayectoria política en ese distrito poblano.

Baltierra fungió como director General de Obras y Desarrollo Urbano y director de Participación Ciudadana de Mauricio Toledo cuando éste se desempeñó como jefe delegacional de Coyoacán entre 2012 y 2015.

Cuando la Cámara de Diputados desaforó a Toledo el 11 de agosto pasado, quien huyó a Chile para eludir la acción de la fiscalía, el camino quedó libre para que Baltierra ocupara la diputación por un periodo de tres años que inició el 1 de septiembre de 2021.

Jaime Baltierra no está libre de señalamientos, pues en diciembre pasado el diario La Crónica informó que fue sancionado por la Contraloría de la Ciudad de México en 2018 por una mala aplicación del presupuesto participativo de Coyoacán, al que tuvo acceso como director de Participación Ciudadana.

El daño ocasionado al erario le ameritó “una sanción administrativa consistente en una inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el término de tres años”, así como una sanción económica de 930 mil 761 pesos.

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