Por segundo día consecutivo en menos de una semana, habitantes de Xoxtla protagonizaron una protesta para rechazar la introducción de tubería cerca del pozo 4 y la anunciada sustitución del pozo 2, medida impulsada por la presidenta municipal Guadalupe Ortiz Pérez. Los inconformes aseguran que estas obras representan un engaño para desviar mayor volumen de agua hacia Puebla, en detrimento de la población local.
Durante la mañana, integrantes del Comité de Agua de Xoxtla se congregaron en la avenida 29 de Septiembre, escenario donde el pasado jueves lograron frenar trabajos de tendido de tubería y cercado del pozo 4. Los asistentes informaron que, en una reunión con la Secretaría de Gobernación, realizada el viernes pasado, Ortiz Pérez justificó las obras indicando que la tubería se conectaría con un nuevo pozo —sustituto del 2— para abastecer a la comunidad. Sin embargo, los manifestantes consideraron inverosímil la versión oficial, al observar que las obras se dirigen hacia el principal ramal de agua donde confluyen las líneas de los tres pozos explotados por el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP).
De acuerdo con Pascual Bermúdez Chantes, uno de los habitantes presentes, la traza de las zanjas y la proximidad al ramal principal de agua evidencian el propósito de incrementar el suministro hacia la capital del estado. Adicionalmente, se reveló que la alcaldesa propuso sustituir el pozo 2 por el denominado “Pozo Pavigi” o “Bienestar”, supuestamente para abastecer a la población marginada del servicio. Sin embargo, los pobladores consideran este proyecto un nuevo ardid cuya verdadera finalidad será justificar la extracción y desvío mayoritario del recurso hídrico.
En la asamblea vecinal se recordó que la iniciativa para intervenir en el pozo 4 y la excavación del nuevo pozo derivan de acuerdos establecidos por la ex alcaldesa Guadalupe Siyancán Peregrina Díaz con el SOAPAP para ceder hasta el 50 por ciento del caudal al consumo de la ciudad de Puebla, lineamiento reactivado posteriormente por la administración de Ortiz Pérez, sin tomar en cuenta al cabildo ni a los vecinos afectados.
Ante este panorama, los habitantes anunciaron que continuarán con la oposición y la vigilancia para evitar que las autoridades continúen las obras sin consulta ni transparencia, además de organizar foros y asambleas informativas para alertar a la población sobre las implicaciones del proyecto.
Renato Romero, activista y defensor del derecho al agua, denunció que “en Puebla y su zona conurbada, Concesiones Integrales es la que gobierna”, y afirmó que la presidencia municipal actúa como “títere” que facilita los intereses privados del operador hídrico. Romero recomendó exigir cabildos abiertos y rechazar intentos de dividir a los habitantes, como —según dijo— ocurrió en la reciente asamblea impulsada por la Secretaría de Gobernación, donde se pretendió simular consenso en torno a las obras.
Finalmente, el activista denunció que tanto él como Pascual Bermúdez y sus familiares han sido objeto de intimidación, vigilancia y hostigamiento, así como aún enfrentan una denuncia penal federal tras el cierre de la autopista México–Puebla en mayo pasado.
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