Eckart Boege Schmidt calificó como histórica la decisión de la Secretaría de Economía de declarar improcedentes las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila, ubicadas en los municipios de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac, Hueyapan y Cuetzalan.
En entrevista con La Jornada de Oriente, el investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) explicó que por primera vez, gracias a la presión y organización de las comunidades, se ha reconocido a los pueblos indígenas como sujeto colectivo de derecho en la defensa de su territorio, lo que representa un avance significativo frente a la visión jurídica tradicional que consideraba a sus integrantes como meros propietarios de la tierra.
No solo eso: también se ha reconocido dos nuevas figuras de organización de los pueblos -la asamblea y el consejo Consejo Masewal Altepetajpianij– a los que no solo se debe consultar, sino obtener su consentimiento libre, informado y de buena fe, para cualquier proyecto dentro de sus territorio
Boege Schmidt destacó que este criterio usado por la dependencia federal, resultado de los litigios que los pueblos indígenas de la Sierra Norte han llevado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), genera una buena perspectiva para el futuro de comunidades dentro y fuera de Puebla, que podrán utilizar el caso como un antecedente en sus bregas legales.
A lo largo del diálogo -el cual puede ser consultado en la serie Las Reporteras, publicada en el canal de youtube y el muro de facebook de esta casa editorial- el autor de El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México también ponderó la organización de las comunidades para determinar un espacio específico, en este caso el territorio, como el lugar donde se ejerce su derecho constitucional a la autonomía y la libre determinación.
Cuando se le dijo al entrevistado que resultó sorpresivo el viraje de la Secretaría de Economía sobre las tres concesiones en comento, comparándolo con el comportamiento que la misma institución tuvo hacia la lucha del pueblo nahualt de Ixtacamaxtitlán, en la que apoyó evidentemente a la minera Gorrión, filial de la transnacional canadiense Almaden Minerals, Eckart Boege advirtió:
“Pues tenemos detrás no solo a Ixtacamaxtitlán sino también en la región de Cuetzalan, Yaonáhuac, etcétera, tenemos un movimiento territorial más allá de las comunidades afectadas. La diferencia de Ixtacamaxtitlán con este triunfo último del movimiento está en que muchas comunidades no directamente afectadas, pero sí indirectamente, por la minería se movilizaron”.
Luego, resaltó el poder de las asambleas que se han venido realizado en la Sierra Norte, pues hasta ahora se han llevado 37 reuniones a las que acuden cientos y a veces miles de indígenas para deliberar y acordar las estrategias de defensa de su territorio.
En seguida, el antropólogo señaló otro elemento importante para la defensa del territorio: “se aclaró muy bien de que no basta la consulta (a los pueblos) sino que se trata del consentimiento libre, informado y de buena fe”, para poder ejecutar los proyectos extractivistas, tal y como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Recordó que en la 35 Asamblea para la Defensa del Territorio y Construcción de Planes de Vida que se llevó a cabo a finales de diciembre en Santiago Yancuitlalpan, los miles de participantes firmaron “para decir no damos el consentimiento’ y lo importante jurídicamente de esto es que lo avaló la jueza (del caso) y lo vanguardista de todo esto es que el Estado reconoció a la organización del pueblo masewal y al Consejo Masewal Altepatajpianij, que son los cuidadores del territorio, que es una organización nueva”.