El presidente del Congreso de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, y el diputado local de Morena, Julio Huerta Gómez, afirmaron que es solo cuestión de tiempo para que la justicia federal y local capture a Antonio Valente Martínez, “El Toñín”, quien acumula denuncias por delitos considerados graves desde el gobierno de Miguel Barbosa Huerta. Ambos legisladores morenistas insistieron en que las autoridades deben hacer valer la ley frente a quien señalan como presunto delincuente con diversas carpetas de investigación abiertas.
Gaspar Ramírez, también coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del estado, sostuvo que corresponde tanto a la Secretaría de Seguridad Pública estatal como al gobierno federal concretar las acciones para la detención de Martínez. Aseguró que se verán resultados en la región donde opera el señalado, y confió en que la estrategia de seguridad se traduzca en operativos eficaces para su captura.
Gaspar Ramírez subrayó que en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas fue cuando más creció el huachicol en Puebla y fue testigo de como los agricultores se metieron al huachicol en municipios del “triángulo rojo”.
“Cuando caminas las regiones y los municipios tienes claros los fenómenos. En Felipe Ángeles y Santa Úrsula sembraban el nopal y el durazno. Cambian su forma los vecinos, la comunidad. Conocemos la transición de agricultores a delincuentes”, destacó.
Por su parte, Julio Huerta, quien fue secretario de Gobernación en el periodo de Luis Miguel Barbosa, subrayó que “los delincuentes tienen que estar en la cárcel” y confirmó que “El Toñín” enfrenta denuncias por delitos graves desde esa administración. El legislador puntualizó que el único lugar para un presunto delincuente es la prisión y se pronunció por solicitar a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía General del Estado que procedan conforme a derecho para que Martínez sea detenido.
Huerta descartó que la falta de detención de Antonio Valente Martínez hasta ahora responda a omisiones deliberadas de las autoridades, y atribuyó la ausencia de resultados a que no se ha dado la intervención en el momento y lugar oportunos. Añadió que, si las autoridades ministeriales lo determinan, también debería investigarse y proceder contra la presidenta municipal de Quecholac, Guadalupe Martínez, hija del señalado.
El diputado morenista consideró inaceptable que “El Toñín” mantenga una actitud desafiante frente a autoridades y representantes populares, pese a tener varias carpetas de investigación por delitos graves. Afirmó que no tiene por qué dirigirse con altanería a servidores públicos ni hacer señalamientos contra funcionarios, y precisó que, hasta donde tienen conocimiento en el Congreso, no existe acción jurídica en contra del secretario de Gobernación estatal, a quien Martínez y su hija han involucrado.
De manera paralela, Huerta expresó su solidaridad con el diputado Andrés Villegas Mendoza, quien presuntamente fue amenazado por el propio Antonio Valente Martínez, padre de la edil de Quecholac. Recordó que la bancada de Morena en el Congreso se asumirá como un bloque frente a este tipo de intimidaciones y cerrará filas con los legisladores que sean objeto de amenazas vinculadas con la delincuencia.
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