Acompañada de diversos colectivos por los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, Lezama ofreció declaraciones en el Centro de Justicia Penal de la 11 Sur, donde recordó que, durante la audiencia en la que la jueza de control Alejandra Román Pérez modificó las medidas cautelares impuestas a Ricardo N., la agente del MP, Marisela Domínguez Hernández, acudió sin la preparación adecuada para encabezar su defensa y la de su hijo de 12 años.
“La falta de profesionalismo institucional termina por afectar a las víctimas”, sentenció Lezama Bonilla.
La activista explicó que durante la audiencia la agente del Ministerio Público confundió aspectos esenciales en el desahogo de la revisión de medidas cautelares y requirió la asesoría de otro integrante de la Fiscalía General del Estado (FGE) para continuar con sus argumentos.
A este hecho, se sumó, dijo, una grave contradicción por parte de la jueza Román Pérez, quien, tras determinar el cambio de medida cautelar de prisión preventiva justificada a arresto domiciliario, reconoció al mismo tiempo la existencia de un riesgo de sustracción del menor.
“Esta es una decisión incongruente y peligrosa que nos deja a mí y a mi hijo en un estado de vulnerabilidad”, denunció.
Lezama recordó que su expareja sentimental y padre del menor mantuvo sustraído al niño durante seis años, impidiéndole convivir con él y ejercer su custodia.
Además, señaló que Ricardo N. se burló de las autoridades estatales al evadir la justicia durante tres años, ignorando los citatorios de la FGE. Ante su desacato, se giraron órdenes de aprehensión que finalmente permitieron su localización en Baja California Sur, desde donde fue trasladado a Puebla.
Por estos hechos y por la violencia ejercida contra Lezama y su hijo, el imputado había sido vinculado a proceso con prisión preventiva justificada.
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Cuestionada sobre el historial de la jueza Alejandra Román Pérez, Lezama recordó que existe una denuncia pública y otra presentada ante el Consejo de la Judicatura del Estado, debido a que en mayo pasado liberó a otro imputado sin revisar adecuadamente las pruebas en su contra.
Además, exigió a la FGE impugnar la determinación judicial y reconocer que la falta de preparación y perspectiva de género de sus agentes del MP contribuyó a la decisión de la jueza.
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También criticó las contradicciones del fallo, ya que durante el cambio de medida cautelar no se ordenó el uso de brazalete electrónico al imputado, bajo el argumento de que no contaba con recursos económicos para pagarlo.
Esto, pese a que minutos antes su defensa aseguró que sí tenía los medios para cubrir una garantía económica que permitiera sustituir la prisión preventiva.
Finalmente, el arresto domiciliario fue fijado en la vivienda de los padres de Ricardo N., quienes presuntamente lo encubrieron durante años al negar ante las autoridades y ante su exnuera conocer su paradero o el del menor, aunque existían indicios de que mantenían contacto con él.
