Durante la presentación del informe anual del Observatorio de Salarios, de la Universidad Iberoamericana de Puebla, su coordinador, Miguel Calderón Chelius, reveló que en la entidad solo 4 por ciento de adultos mayores tiene pensión, es decir que de las 745 mil 419 personas de 60 años o más que radican en la entidad, solo 29 mil 816 tienen garantizado un pago, tras concluir su vida laboral. Por lo anterior más de 30 por ciento de la población adulta mayor tiene que trabajar para poder vivir.
El envejecimiento poblacional en México plantea retos significativos y tiene muchas aristas a partir de la realidad social y laboral que tenemos, donde el grado de informalidad de las actividades que se realizan raya en casi el 70 por ciento y los empleos que ahí se generan no tienen como prestación la seguridad social. Lo anterior implica que la mayoría de las personas que ahí laboran no tendrán en la edad adulta mayor el derecho a una pensión que les permita solventar sus gastos.
Por eso para muchos el seguir trabajando en su única opción, hasta que la salud lo permita, teniendo que asumir las familias el cuidado, aunque en muchos casos esto no es posible, lo cual plantea nuevos retos para el Estado, en materia de infraestructura de cuidados y servicios que hoy no se tienen y que deberán crearse, a partir del diseño de nuevas políticas pública.
Por ello, el programa universal de pensiones para adultos mayores, elevado a rango constitucional, se ha vuelto fundamental para las personas al contribuir mediante un ingreso fijo y seguro a disponer de un monto que les brinda certeza y la posibilidad de disponer de recursos –aunque limitados– para cubrir las necesidades básicas.