Los argumentos que se vienen expresando en oposición a la Reforma Judicial (RJ) planteada por el presidente López Obrador al Congreso de la Unión, tienen dos componentes principales: uno, tratar de mantener intacto al Poder Judicial Federal (PJF) y sus atribuciones constitucionales y legales vigentes, lo más que sea posible a las fuerzas de oposición y “los mercados”; dos, lanzar abiertamente el discurso discriminatorio que impone la idea de que elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular hará perder imparcialidad y calidad a la impartición de justicia federal por la “complejidad” de ésta. En contrapartida, esos argumentos suelen ignorar, o llegan a denostar, dos hechos que deberían formar parte fundamental de sus consideraciones sobre la RJ: uno, la ciudadanía votó abrumadoramente por la continuación del proyecto de nación vigente donde se incluyó el “Plan C” que perfiló esta reforma; y, dos, el contenido original, y vigente, del artículo 39 constitucional: Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Leer o escuchar los argumentos que se vierten contra la reforma, requiere analizar lo que dicen, pero, también examinar las afirmaciones implícitas contenidas en esos discursos, que constituyen los presupuestos lógicos de que parten sus emitentes. Así, estaremos en aptitud de comprender de manera integral la intención política que subyace tras la emisión del argumento. Es necesario insistir en que sólo la reflexión sobre el tipo de sociedad que queremos construir, nos dará mayores elementos para aceptar o rechazar el sentido de cada argumento.
Con la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cobró fuerza el concepto de “independencia del Poder Judicial de la Federación”, insostenible en una república. El desplante que tuvo en la ceremonia de conmemoración de la Constitución, el 5 de febrero del año pasado en Querétaro, de no levantarse de su asiento para saludar al presidente, se vio como una muestra de poder, plausible desde la oposición; del lado oficial, se tomó como simple falta de respeto -no a la investidura presidencial ni al presidente- a la cortesía que, por elemental educación, se debe a toda persona que llega a saludar. Esa actitud marcó el inicio de los desencuentros entre los poderes Judicial y Ejecutivo que no han podido ser solucionados por una exclusiva razón política: la oposición y los mercados desean seguir cogobernando desde la Corte, tendiendo un velo sobre este hecho anómalo mediante el uso del discurso jurídico y sus ficciones teóricas. Un discurso inaccesible para el grueso de la población, repetido hasta el cansancio por los medios de difusión masiva, justificando el hecho.
La inquina hacia López Obrador por lo que consideran un atrevimiento contra su bastión en el poder público, es un ingrediente infaltable e insustituible para los opinantes y especialistas en la materia. Según el periodista Jorge Fernández Menéndez <<Alguien le tendría que explicar al presidente cómo funciona el poder judicial, cómo se llega a juez o magistrado, qué es la carrera judicial>>. Estos opinadores se regocijan en poder decir, de algún modo, que el presidente que derrotó a un régimen político y tiene la mayor aprobación ciudadana de su gestión al final de la misma, no sabe lo que hace. No sólo eso. En su vana altivez, creen descubrir el hilo negro: <<Para poder escalar en la carrera judicial se trabaja durante años, se hacen exámenes, se tienen que cumplir criterios y tener conocimientos legales. No son cargos que se dan por nepotismo o por simple lealtad política. No necesitamos jueces y magistrados inexpertos, necesitamos que sean más expertos, que tengan mayor formación, necesitamos más y mejores jueces. La iniciativa propuesta y las declaraciones presidenciales van en sentido opuesto: tendremos menos y mucho peores jueces>>. Fernández jamás tendrá la sencillez de reconocerse periodista opinando sobre un tema árido, que desconoce, por ser ajeno a su quehacer profesional. Deshonesto, recurre a inflar el título de su artículo (La reforma inexperta (msn.com)) para que el público le presuponga experto en la materia y valide su propuesta <<de hacer una buena reforma, diseñada precisamente por los que no quiere el presidente, que son los especialistas>>. O sea, encomendar la reforma del poder judicial, a los integrantes del poder judicial. Qué brillante, ¡cómo no se le habrá ocurrido eso a nadie antes!
La modalidad de la intriga ocupa un lugar preponderante, pues, en lo que debiera considerarse un tema de discusión seria y profunda, no faltan quienes introducen los dimes y diretes buscando crear confusiones con las que puedan obtener algún beneficio político para su facción: <<De acuerdo con información compartida por senadores a Excélsior, cuatro ministros buscan quitar de la presidencia de la Corte a Norma Piña para que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, cercano a Arturo Zaldívar, asuma ese puesto. Este intento sería parte de la propuesta de Esquivel>>. (Jueces cabildean la reforma judicial (excelsior.com.mx). Este tipo de información falsea los hechos al reducir la propuesta de reforma judicial al nivel de cambio de personas, aduciendo supuestas afinidades “de acuerdo con información compartida por senadores”, sin aludir a nadie. Nítidamente se aprecia que la idea implícita en este tipo de notas periodísticas, tiene el objetivo de beneficiar al ministro Gutiérrez, del ala más dura del conservadurismo, atribuyendo la intención a “cuatro ministros” -sin decir quienes- y, sugiriendo que tal movimiento -el supuesto cambio de Piña por Gutiérrez- provendría de una ministra y un ex ministro plenamente identificados. ¿Cuál sería el resultado de cambiar a Piña -propuesta por Peña Nieto- por Gutiérrez, propuesto por Felipe Calderón?
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Un ataque intervencionista también se ha hecho presente impulsado, desde la península ibérica, por Felipe Calderón y Vicente Fox suscribiendo un manifiesto contra la reforma al Poder Judicial, en calidad de integrantes del grupo denominado Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA); cuyos firmantes, a pesar de haber sido exjefes de Estado y de Gobierno, todavía no terminan de comprender que una reforma judicial es un asunto interno, en este caso, del estado mexicano, sobre el que no pueden intentar influir como grupo extranjero, al tratarse de una decisión soberana sobre la configuración de la forma y estructura de su gobierno. En dicho manifiesto recurren al mecanismo de la simple descalificación <<…la reforma judicial que se pretende aprobar en México siguiendo en sus propósitos los mismos experimentados bajo las dictaduras y autoritarismos electivos emergentes en América Latina, a saber, la cooptación de la Administración de Justicia para disponerla al servicio de objetivos ideológicos, usarla para la aplicación de un derecho penal del enemigo y asegurar la reelección indefinida de los gobernantes>>. El hecho de que esté por culminar la gestión del presidente López Obrador sin que haya ocurrido ninguno de “sus propósitos” anunciados por IDEA, acredita los engaños del manifiesto. Que hablen, en él, de “las dictaduras y autoritarismos electivos” cuestiona si realmente saben lo que dicen.
¿Por qué esta agrupación española se atreve a sostener: “Rechazamos enérgicamente cualquier intento de modificar el sistema judicial que pueda debilitar la independencia y autonomía de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial mexicano, incluido el Tribunal Electoral; como la propuesta del partido oficial Morena, que busca implementar elecciones populares para la selección de estos cargos, haciéndolos depender de influencias políticas, comprometiendo la imparcialidad de sus ministerios y haciéndolos presa de una Justicia de opinión”? ¿Será en defensa de los grandes negocios que las empresas de capital español -OHL, Iberdrola, Repsol, banca- hacen en México? Concluyen en que: <<Una reforma que implique el debilitamiento y desmantelamiento del Poder Judicial, representa un atentado grave contra la democracia y la vigencia de un orden constitucional>>. Quizá ignoran que la Constitución es tajante en que <<solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo [reunirse] para tomar parte en los asuntos políticos del país>>; o, que, por estar del otro lado del océano, no se hayan enterado que el 2 de junio pasado hubo elecciones en México, donde la democracia jugó el papel central en su resultado, dada la gran concurrencia del pueblo a las urnas; y, que eso, es la democracia.
En las ideas rectoras del manifiesto: “intento de modificar el sistema judicial”; “independencia y autonomía de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial mexicano, incluido el Tribunal Electoral”; y, “vigencia de un orden constitucional”; se encuentran los presupuestos lógicos de los que parten esos exjefes para impugnar la RJ. Para identificarlos, basta con preguntarse ¿quiénes construyeron el orden constitucional vigente que IDEA defiende? ¿Quiénes designaron a la mayoría de ministros de la Corte y a los magistrados electorales que hoy encabezan la defensa de la “independencia y autonomía” del PJF? ¿Qué intereses políticos y económicos se tuvieron en cuenta para construirlo? Los regímenes políticos, de partido único que duró setenta y un años y, de alternancia democrática, otros dieciocho; fueron los impulsores, diseñadores, y constructores de esos tres ejes centrales en que descansa la actividad política y jurisdiccional del PJF, cuya reforma rechazan enérgicamente. Es decir, no están defendiendo un orden constitucional ni sistema judicial en abstracto, sino el que los partidos tradicionales construyeron durante 89 años y, a las personas que designaron para ocupar la cúspide del PJF cuando la hoy oposición, de la que Fox y Calderón forman parte, fue gobierno. El resto de los exjefes de Estado y Gobierno firmantes desconocen el mandato del artículo 39 constitucional, el desempeño concreto y cotidiano del PJF en México, e incluso, comparten con aquellos la mal intencionada confusión teórica sobre la “independencia y autonomía” de los jueces.
En la misma línea, los directivos de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la Asociación de Mujeres Juzgadoras, el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal y los grupos Guardianes de la Constitución y Justicia Independiente (sic) denuncian que <<durante los últimos seis años han sido víctimas de calumnias, amenazas y discursos de odio que salen de Palacio Nacional y la Presidencia de la República, cuya propuesta es elegir a todos los juzgadores locales y federales por voto popular>>; y, que <<El Poder Judicial no es la causa de la delincuencia, la corrupción, la violencia contra la mujer, la destrucción del medio ambiente o de las licitaciones amañadas, por eso el despido y sustitución de ministros, magistrados y jueces no va a resolver estos problemas y es “un acto propio de una tiranía”>>. Por su contenido genérico parecen, más bien, como lugares comunes repetidos por consigna, que atentan contra el sentido común, como pudo pulsarse en la marcha rosa cuya consigna fue “La Corte no se toca”.
La ministra Norma Piña externa opiniones sobre la RJ, poniendo énfasis en <<la importancia de la experiencia judicial en la Corte para mantener la coherencia y certeza en las decisiones>>. ¿Cómo la suya en destinar el monto de los fideicomisos a la reconstrucción de Acapulco? Paralelamente, el exministro José Ramón Cossío, advierte <<sobre los posibles riesgos de nombrar jueces sin experiencia, describiéndolos como potenciales “señores de horca y cuchilla” susceptibles de influencias políticas o económicas>>. Lo dicen tan convencidos, como si los actuales miembros del PJF no actuaran bajo tales influencias. El concepto de “experiencia” definida como “práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo”, no es lo que se cuestiona en la reforma judicial, sino el uso que de ella se hace para resolver, por línea, consigna o encomienda, los asuntos puestos al escrutinio de jueces, magistrados y ministros.
Nadie podría negar que los políticos y funcionarios emanados de las filas del PRI y PAN, son gente con mucha experiencia política y administrativa. Sin embargo, esa experiencia sirvió para desmantelar al Estado, transferir los bienes públicos a manos privadas y degradar la función gubernamental llenándola de corrupción. El parangón obligado con la experiencia judicial, es el uso demostrado que de ella se hace en el desempeño de la función, aunque la presidenta de la Corte eleve idealmente sus consideraciones sobre el poder judicial que encabeza: <<Piña enfatizó la necesidad de tener jueces federales de carrera en la Corte para asegurar que las decisiones judiciales estén fundamentadas en precedentes sólidos, crucial para la estabilidad del sistema judicial y la certeza jurídica en el país>>. Su propia realidad le está marcando el tipo de jueces con los que cuenta el PJF y el tipo de decisiones arbitrarias que se toman, como la del ministro Aguilar Morales para pedir un expediente, cuyo turno no le correspondía, y mantenerlo guardado en su escritorio por más de ocho meses sin resolverlo, ni mostrar interés en ello; la del juez Rodrigo de la Peza quien, sin tener competencia ni facultades constitucionales y legales, ordenó al Tribunal Electoral del PJF nombrar a sus dos magistrados faltantes por petición de una asociación civil; y, la del juez Samuel Ventura para liberar a la casi totalidad de los, más de cien, presuntos responsables de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, son ejemplos del dominio público.
Las limitaciones de la ministra Piña están marcadas por sus propias concepciones sobre el papel que debe desempeñar el tercero de los poderes de la república: <<En cuanto a su postura ante los otros Poderes, Piña reafirmó su compromiso con la independencia judicial y la interpretación constitucional, evitando cualquier forma de politización de las decisiones judiciales>>. (Norma Piña se dice preocupada por reforma de AMLO que reduce ministros (msn.com). ¿Lo dirá en serio? Los miembros del PJF son los únicos que, a diferencia del Legislativo y Ejecutivo, no son electos por voto popular directo. ¿Eso es mérito para que puedan cuestionar la voluntad popular expresada en las urnas? ¿La Corte, con todas sus atribuciones y facultades, puede oponerse a la democracia electoral? ¿La voluntad de unos cuantos ministros puede imponerse a la de los legítimos representantes del pueblo mexicano?
¿Qué hará suponer a la ministra Piña que, levantando esas banderas, no es ella misma la que propicia la politización de las decisiones judiciales? ¿Creerá en la apoliticidad que pregona? El PJF es uno de los poderes públicos y, por ese solo hecho, es poder político. La interpretación constitucional se hace sobre una constitución política. Ergo, el resultado de su interpretación no puede tener otra naturaleza. El derecho es, por antonomasia, producto de la política. El poder político de los jueces se encuentra, precisa y exactamente, en la interpretación de la Constitución y las leyes para su aplicación. ¿Qué sentido tiene sostener que oponerse a la RJ equivale a evitar la politización de las decisiones judiciales? Los argumentos contra la reforma judicial traen implícita una concepción no sólo del funcionamiento del PJF sino del modelo de sociedad que, a través de él, se preserva desde sus bases económicas generadoras de la desigualdad social. Lo que está en juego es el carácter contramayoritario, antidemocrático, de las decisiones de la Corte y los jueces. La RJ es un cuestionamiento basado en los principios de mayoría, democracia, legitimidad, y carencia de representatividad.
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Heroica Puebla de Zaragoza, a 15 de julio de 2024.
JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO