El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, sentenció este lunes que entrará en moratoria de pagos por la deuda heredada de 7 mil millones de pesos, por la construcción del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, una obra emblemática del periodo panista.
Durante su conferencia de prensa, el mandatario sentenció de forma categórica: “Me voy a declarar en moratoria y si me destituyen, que me destituyan”.
Armenta Mier calificó la deuda asociada al CIS de Angelópolis como “inmoral” e “incorrecta”, e incluso reveló que del tema está conocedora la secretaria de Gobernación federal (Segob), Rosa Icela Rodríguez, quien estuvo este sábado en Puebla como invitada especial en su primer informe de gobierno.
El morenista explicó que, a pesar de que el valor real del edificio no excede los mil 500 millones de pesos, con una estimación generosa, el estado terminará pagando una suma exorbitante.
Expuso que el costo proyectado de la deuda a pagar hasta el año 2037, es de 7 mil millones de pesos.
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Desde el año 2012, con el gobierno de Rafael Moreno Valle, informó que se ha pagado por el CIS un total de 2 mil 617 millones de pesos hasta diciembre de 2025. Por lo tanto, el monto restante por pagar es de 4 mil 300 millones de pesos.
El gobernador señaló directamente a los gobiernos pasados del PAN y el “viejo régimen” de haber permitido este “saqueo” a las finanzas estatales, cuestionando con qué “calidad moral” y “cinismo” pueden defender o hablar de corrupción quienes fueron responsables de estas decisiones.
Recurso legal ante la SCJN
Como medida de acción, Alejandro Armenta anunció que no solo se declarará en moratoria, sino que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar una “revisión” de la deuda de los 4 mil 300 millones de pesos restantes del CIS.
Enfatizó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, asegurando que su medida no es una amenaza, sino un acto de responsabilidad.
“No estoy amenazando, pero tampoco haré negocios en lo oscurito”, afirmó, en el sentido de que buscará llegar a un acuerdo con los inversionistas, antes de pisar la corte federal.
“Estoy solicitando a los empresarios que recapaciten y lleguemos a un acuerdo para finiquitar la deuda de este edificio. Es otro monumento a la corrupción”, exhortó.
Finalmente, el mandatario poblano informó que existen nueve contratos de “obras inexistentes” por los que el gobierno del estado debe pagar, por lo que anticipó que en los próximos días estará dando a conocer la lista de las empresas que se vieron beneficiadas con el fallo de la corte federal, en el periodo neoliberal.
Argumentó que, durante 20 años, hubo complicidad de jueces, magistrados y autoridades para sancionar el estado por proyectos fantasmas.
Ante lo expuesto, sentención que su gobierno “no es tapadera ni cómplice de nadie”, por lo que se procederá legalmente contra exfuncionarios y personal en activo que facilitó estos contratos.
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