El gobierno de Puebla impulsa una reforma que propone facultar a la Secretaría de Medio Ambiente del estado a usar dispositivos tecnológicos en los operativos de la verificación vehicular, para multar a las unidades que superen los niveles máximos permisibles de emisiones contaminantes, aunque cuenten con el certificado y holograma de verificación.
De acuerdo con el proyecto, que se encuentra a la espera de ser dictaminado por el Congreso local, la sanción puede ir de los 2 mil pesos a los 2 millones de pesos y contempla el retiro de circulación de la unidad, en caso de reincidencia.
El gobierno estatal defendió la medida en la exposición de motivos de la propuesta de reforma, al señalar que tiene como objetivo reducir las emisiones de carbono, para mejorar la calidad del aire y beneficiar la salud humana.
Actualmente, los operativos que monta la Secretaría de Medio Ambiente se limitan a comprobar que los vehículos cuenten con el certificado y holograma de verificación.
El gobierno estatal propone ampliar la inspección haciendo uso de medios o dispositivos tecnológicos sobre las fuentes móviles directas que circulen en el territorio del estado, “hayan o no aprobado el programa de verificación”, bajo un esquema que denomina “Monitoreo Remoto”.
En caso de que el Congreso apruebe la reforma, participarán en el Monitoreo Remoto funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.
En el proyecto se establece que los responsables de las inspecciones tendrán la obligación de identificarse y portar credencial vigente, hacer del conocimiento al poseedor o propietario del vehículo el motivo de la detención, informarle sobre el procedimiento técnico de verificación, mostrarle los dispositivos que se emplearán en el mismo, así como dar a conocer el resultado de la verificación.
“Los propietarios o poseedores de vehículos que se corrobore que contaminan ostensiblemente (…) serán acreedores a la sanción prevista en el artículo 179 fracción I de esta ley” que consiste en imponer una multa equivalente a la cantidad de 20 a 20 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), calculadas en el momento de cometer la infracción.
En 2023 el valor diario de la UMA se fijó en 103.7 pesos, por lo que la sanción rondaría de los 2 mil 74 pesos a los 2 millones 74 mil pesos.
Los sancionados además “tendrán la obligación de realizar las medidas correctivas necesarias y aprobar el programa de verificación en un máximo de 30 días”, y de subsistir la irregularidad, la Secretaría de Medio Ambiente podrá retirar de circulación la unidad.
