Durante los tres años que ha estado al frente de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla (CBP), María del Carmen Carabarin Trujillo, nunca hizo el mínimo esfuerzo por contactar al Colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla, la principal organización en la entidad de madres, padres y familiares buscadores.
La mañana de ayer los integrantes de la organización se apersonaron en las oficinas de la institución y encararon a la funcionaria y sus principales colaboradores, quienes no sólo exhibieron que ni siquiera tienen un plan de trabajo, estadísticas fidedignas o coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), sino que en algunos momentos trataron con despotismo a los parientes buscadores, al punto de llegar a desacreditar sus dichos.
La reunión de La Voz de los Desaparecidos en Puebla y María del Carmen Carabarin Trujillo, se logró luego de que el colectivo solicitó una audiencia con el gobernador sustituto Sergio Salomón Céspedes Peregrina, en un oficio fechado y recibido el pasado 22 de marzo, para plantearle directamente sus demandas y quejas.
Huelga decir que durante el periodo en que Luis Miguel Gerónimo Babosa Huerta fue titular del Poder Ejecutivo no hubo la menor intención de parte de Carabarin Trujillo de reunirse con el colectivo y proliferaron las descalificaciones del entonces mandatario hacia las madres, padres y parientes buscadores.
Despotismo y negligencia
A la 10 de la mañana el Colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla ingresó a las instalaciones de la CBP, encabezado por su vocera, María Luisa Núñez Barojas. Lo acompañaban abogadas y defensoras de derechos humanos de la Clínica Jurídica Minerva Calderón y del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla, amén de peritos en psicología social.
La parte oficial fue liderada por María del Carmen Carabarin Trujillo, Arturo Saúl Vargas Rivas, Laura Herrera Luna y Armando Martínez López, respectivamente directores de Acciones de Búsqueda, Análisis de Contexto y Vinculación e Información de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla.
También acudieron, por parte de la FGE, Andrea Yareli Pérez Sanchez, de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres; José Toledo Alfaro, delegado de la Secretaría de Gobernación para el Distrito 17 de Puebla Metropolitana, Zona Puebla, y Juan Luis Xicoténtal Delgado, representante personal de Jorge Reyes Negrete, Director General de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos del Poder Ejecutivo Estatal.
De entrada, María del Carmen Carabarin Trujillo dijo que se iba a atender de manera personal a los familiares de desaparecidos, porque tenía órdenes expresas del secretario de Gobernación, Julio Miguel Huerta Gómez, de “no tratar con intermediarios”. También prohibió tomar fotografías o videos, pretextando que hacerlo colocaría en riesgo tanto a los buscadores como a las autoridades.
Pidió entonces que los integrantes de La Voz de los Desaparecidos en Puebla se presentaron: “no los conocemos, para que sepamos con quién estamos tratando”, admitió la comisionada.
A nombre del colectivo, María Luis Núñez, respondió que las madres, padres y parientes buscadores llevaban un orden del día y una serie de peticiones, entre las que destacaban la solicitud de que la comisionada les entregara en físico su plan general de trabajo, les mostrara el funcionamiento del software del que dispone la CBP para apoyar la búsqueda de personas desaparecidas, la autorización para que los abogados de los buscadores puedan recibir la documentación de sus expedientes y que les mostrara los expedientes de sus familiares desaparecidos.
En particular, Núñez Barojas presentó un caso: el de Laura Herrera Luna, directora de Análisis de Contexto de la CBP, quien, para ausentarse de una diligencia oficial, inventó que se había reunido con integrantes de La Voz de los Desaparecidos, aunque sus integrantes ni la conocían hasta ayer, porque la funcionaria asumió el cargo apenas en junio del año pasado.
Entonces Herrera Luna cuestionó a la vocera del colectivo e incluso intentó desacreditarla ante sus compañeros, diciendo que deberían preocuparse de cómo María Luisa Núñez obtenía documentación oficial.
Más tarde, Arturo Saúl Vargas Rivas, director de Acciones de Búsqueda, manifestó que también tenía apenas un año en el cargo y cuando le cuestionaron por qué los padres y madres buscadores no eran informados sobre las tareas de localización en campo, el funcionario, evidentemente molesto, alzó la voz, cuestionó a sus interlocutores y afirmó que el envía hasta 18 oficios a las instancias que deben apoyar en las labores -la Guardia Nacional y la FGE, por ejemplo-, pero nunca pudo justificar porque los principales interesados no son avisados a tiempo.
La reunión comenzó a tensarse después de la intervención de Vargas Rivas y entonces varias integrantes de La Voz de los Desaparecidos en Puebla manifestaron que los casos del director de Acciones de Búsqueda y Análisis de Contexto, ejemplifican claramente uno de los lastres de la la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla: la alta rotación de personal, sobre todo en los directivos, lo que hace que las tareas de localización se empantanen, porque cada vez que llega un nuevo funcionario ignora los casos que están integrados en los expedientes.
No solo eso: las madres buscadoras denunciaron que, cuando llegan a ser avisadas de una acción de búsqueda, el personal de la CBP ni siquiera saben a qué persona tienen que localizar, no llevan el equipo indispensable para la tarea e incluso hay algunos que se fatigan de inmediato al hacer las excavaciones.
En esa lógica, alguien contó el caso de una acción de búsqueda en la que los padres y madres buscadoras fueron abandonadas en un lugar de alto riesgo por personal de la Guardia Nacional, quienes les dijeron que ellos iban para cuidar a la gente de la comisión, no a ellos.
En medio del diálogo, María del Carmen Carabarin Trujillo no pudo responder preguntas elementales de las buscadoras, como cuántas fosas clandestinas se han hallado en el estado, cuántos expedientes de búsqueda están integrados.
La funcionaria solo respondía vagamente que “por las redes sociales y los medios” se ha enterado que en Puebla desaparecen diariamente entre siete y nueve personas y que la mejor técnica de búsqueda es pegar las fichas de los desaparecidos en sitios públicos.
Al final, la funcionaria no entregó el informe general que le pidieron y dijo que lo hará dentro de ocho días, cuando también dará copia de los expedientes de desaparecidos a sus familiares.