Del 3 al 9 de febrero, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizó 360 operativos en el estado de Puebla, con un saldo de 72 detenidos, la recuperación de 59 vehículos con reporte de robo, 250 dosis de marihuana y cocaína, así como el hallazgo de tres tomas clandestinas y ocho contenedores de combustible robado.
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La información fue dada a conocer por el titular de la dependencia, el vicealmirante Francisco Sánchez González.
Además, precisó que fueron incautados de 16 autos relacionados con la comisión de delitos, así como seis armas de fuego, con cuatro cargadores y 55 cartuchos útiles.
De las 72 personas detenidas, 14 fueron remitidas al Ministerio Público del fuero federal, 13 al fuero común y 52 al juez calificador.
El funcionario estatal destacó que, en las acciones de prevención del delito y atención a la violencia, en los últimos siete días se brindaron 546 servicios de auxilio inmediato a niñas, niños, adolescentes y mujeres en situación, lo que significa un promedio de 78 reportes por día.
También reportó que la Policía Cibernética realizó 7 mil 270 atenciones y orientaciones ciudadanas sobre posibles delitos en la web.
Sánchez González anticipó que en esta semana estará en curso el despliegue de tres operativos en Zacatlán, Chignahuapan y Ahuazotepec, de los cuales dará a conocer los resultados.
Traslado de reos evitará sobrepoblación
Por otro lado, el vicealmirante informó que la Secretaría de Seguridad trasladará el excedente de reos del penal de Huejotzingo a otros centros de reclusión, para evitar la sobrepoblación y otras irregularidades.
En ese sentido, dijo que enviarán a algunos reos a otros penales con más espacio para mejorar las condiciones del penal.
En días pasados, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla calificó al reclusorio de Huejotzingo como el peor del estado, por insalubre, registrar hacinamiento e instalaciones son inseguras, después de una visita al lugar.
Finalmente, afirmó que Puebla se alinea a la estrategia de seguridad nacional para dar mejores resultados, la cual consiste en la atención a las causas que generan la violencia; consolidación de la Policía estatal y municipales; el uso de la tecnología; así como la coordinación entre los tres niveles de gobierno.
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