La lucha que por más de 20 años han sostenido vecinos de los Campos del Seminario para que estos sean espacios deportivos en beneficio de colonias del sur de la ciudad, podría venirse abajo debido a que no está firme la declaratoria de utilidad pública que el ayuntamiento de Puebla emitió en julio pasado.
Integrantes del comité que desde hace años sostiene un litigio para que un posible prestanombres del exgobernador Mario Marín no se apropie de los terrenos, lamentaron la situación pero advirtieron que no dejarán el tema a la deriva hasta asegurarse que el predio, de más de seis mil metros cuadrados, conserve su vocación pública.
Néstor López Espinoza, quien tiene a su cargo la defensa jurídica de los vecinos, explicó que aún está vigente el riesgo de que María del Rosario Tamayo Mena, quien pelea por la propiedad del predio, presente argumentos a su favor que sean tomados en cuenta por las autoridades.
El jurista adelantó a La Jornada de Oriente que esta semana presentará una solicitud por escrito a la Sindicatura Municipal para preguntar si Tamayo Mena ha manifestado al ayuntamiento de Puebla alguna objeción tras la declaratoria de utilidad pública de los campos, publicada en la edición del pasado tres de julio del Periódico Oficial del Estado.
Mientras tanto, las aulas y las canchas que se construyeron en ese lugar durante la gestión de Claudia Rivera, lucen abandonadas y sin mantenimiento, según constató este medio de comunicación a través de un recorrido.
Desconocen vecinos si hubo reclamos por parte de la supuesta propietaria
En entrevista, el abogado explicó que una vez que la declaratoria ya se publicó en el Periódico Oficial de Puebla, la persona que reclama la propiedad del inmueble tuvo 30 días para presentar pruebas y alegatos a su favor, sin embargo, los vecinos no saben si esto ocurrió o no, por lo que requerirán esta información a la Comuna.
En caso de que la señora Rosario Tamayo haya presentado pruebas a su favor, entonces la Sindicatura Municipal deberá analizarlas y actuar en consecuencia, es decir, si son válidas, procederá a revocar la declaratoria de utilidad pública, de lo contrario, la confirmará.
El abogado subrayó que el proceso en la Sindicatura es independiente al litigio que los vecinos sostienen en la vía judicial, el cual aún no se ha resuelto. “Son dos vías: la administrativa y la judicial”, acotó.
López Espinoza señaló que uno de los principales argumentos en favor de los vecinos es que ellos han tenido la posesión de los campos desde hace aproximadamente 50 años, por lo que subrayó que resulta extraño que la supuesta propietaria argumente que los terrenos son suyos debido a que nunca ha tenido la posesión, lo que incluso podría hablar de un posible fraude.
El litigante recordó que la declaratoria de utilidad pública fue hecha durante la administración de la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco, sin embargo, el entonces cabildo “olvidó” publicarla en el Periódico Oficial del Estado por lo que esta no fue válida.
Durante la gestión del expresidente municipal Eduardo Rivera Pérez no solo no se hizo la publicación sino que se intentó echar abajo la declaratoria, principalmente por parte de la entonces regidora Susana Riestra Piña, por lo que los vecinos presumen que el exalcalde intentó despojarlos de los terrenos.
La extensión original era de 10 mil metros cuadrados, reclaman
Los vecinos que integran el comité que lucha por la propiedad de los terrenos indicaron que la extensión en disputa ha sido fraccionada con el paso de las décadas, por lo que los terrenos cuya vocación es de uso deportivo se redujeron de 10 mil a 6 mil 98.3 metros cuadrados, aproximadamente, por lo que ya realizaron una petición a la Sindicatura Municipal para que se restituya a los colonos tres mil metros más que actualmente no tienen ningún uso y serían destinados, también, a actividades deportivas.
Explicaron que es apenas justo que dicha extensión se le restituya a los vecinos, al tomar en cuenta que el uso de suelo del área aledaña a los campos también fue modificado durante el sexenio de Mario Marín a conveniencia de particulares, lo que representó un despojo para los colonos.
Los inconformes subrayaron que su lucha les ha costado tiempo, dinero y otros recursos propios, a lo largo de más de 20 años, pero advirtieron que no permitirán que los despojen de áreas que son para el desarrollo de deportistas y el recreo de los habitantes del sur de la capital.
