En los últimos días del año pasado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció e implementó un cambio de estrategia en el combate al robo de hidrocarburos enfocando los esfuerzos oficiales no solo a las bandas que hacen el saqueo en los ductos a través de tomas clandestinas, sino yendo al origen del ilícito: los directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Es preciso recordar que en el imaginario colectivo siempre hubo la sospecha de que las ganancias más jugosas del llamado huachicol, se encontraban en las entrañas de la paraestatal y no en los grupos que merodean las líneas de conducción, pero ninguna administración federal antes de esta se animó a actuar, lo cual afianza las sospechas sobre las complicidades que pudieron haberse tejido a lo largo de al menos tres sexenios.
De acuerdo a los primeros informes, los resultados en este viraje han sido sustancialmente buenos, pero aún falta mucho, porque es necesario descubrir, terminar con la sofisticada red que ha permitido este latrocinio feroz y castigar a los involucrados, principalmente a los ex directivos y líderes sindicales que pudieran estar involucrados.
Para los efectos de Puebla, una de las principales entidades con este problema, las investigaciones deben llegar a todas las esferas, las de los alcaldes, legisladores y gobernantes estatales que por comisión u omisión formaron parte de este robo multimillonario a los mexicanos que, además, tuvo su peor reflejo en la escalada dramática de la violencia y la inseguridad.