Miércoles, junio 19, 2024

En opacidad autoriza Congreso a gobierno venta de 8 inmuebles públicos

El Congreso de Puebla autorizó ayer al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas poner en venta ocho inmuebles que pertenecen al patrimonio público del estado, sin conocer su costo ni contar con un estudio que demostrara que esos bienes son una carga para el erario, como arguyeron las autoridades.

En la lista se encuentra un terreno de 27 mil 475 metros cuadrados que se localiza en una de las zonas de mayor plusvalía del estado, las inmediaciones de la planta armadora de vehículos de lujo Audi, en el municipio de San José Chiapa.

Censura Julián Peña opacidad

Julián Peña Hidalgo, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), censuró en tribuna la opacidad del gobierno estatal y el Poder Legislativo en torno a la enajenación de esos inmuebles, porque se trata de propiedades que pertenecen a los poblanos.

La inconformidad del legislador no recibió eco entre sus compañeros, ya que el pleno autorizó la venta de esos inmuebles con su voto en contra.

 

Campesinos vendieron al gobierno estatal el predio de Audi

El terreno que se localiza en las inmediaciones de Audi se integra de cinco fracciones segregadas de la Antigua Hacienda de San Miguel El Salado y veinticinco parcelas ubicadas en San José Chiapa, vendidas por campesinos al gobierno del estado para la operación de la armadora.

El origen de ese terreno lo confirmó el diputado del PAN Pablo Rodríguez Regordosa, secretario de la Comisión de Hacienda que participó en esas acciones de compra y venta como secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico de la administración.

En entrevista, Rodríguez explicó que el gobierno compró parcelas completas que tuvieron uso ejidal. “Entonces hay una serie de sobrantes y son los que nos están pidiendo autorización para enajenar”.

No ofreció datos sobre el valor del terreno ni de ningún otro, pues dijo que esa información no la proporcionó la Secretaría General de Gobierno (SGG), dependencia del gobierno estatal que es titulada por Diódoro Carrasco Altamirano.

“Lo que estamos dando es la autorización para que el gobierno pueda enajenar y hay que preguntarle a la Secretaría General de Gobierno qué es lo que se quiere hacer. No nos causa duda porque la exposición de motivos lo dice claramente, dice que son bienes que le resultan costosos al estado y que no le causan ningún beneficio al gobierno”, apuntó.

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