Las masacres ocurridas en Monte Chila y Pantepec, durante el gobierno del general Rafael Moreno Valle y de Guillermo Jiménez Morales, respectivamente, han quedado en la impunidad y el olvido, denunciaron sobrevivientes y testigos que por primera vez se reunieron para recuperar la memoria colectiva de estos episodios.
Para David Fernández Dávalos, comisionado del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) en México estas dos matanzas forman parte de las violaciones de derechos humanos más graves en el país. El sacerdote jesuita aseguró que el estado también destaca en las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de miembros del movimiento estudiantil y de disidencias políticas.
En el marco del Día Internacional de los Desaparecidos, el exrector de la Ibero Puebla inauguró este fin de semana el foro “Violaciones Graves a Derechos Humanos en el periodo 1970 a 2023” que convocó a sobrevivientes y testigos de violaciones graves a derechos humanos desde el periodo de “la Guerra Sucia” hasta la fecha que ofrecieron “de viva voz” información gráfica y documental de la atroz violencia ejercida en el estado.
Masacres en Puebla, de la dimensión de la de Aguas Blancas
El primero en tomar el turno al micrófono fue Ascención Cruz Cabrera habitante de Monte Chila, en Jopala quien describió a detalle las imágenes de horror que recuerdan los pobladores de la tercera edad de la masacre de 400 campesinos totonacos y nahuas ocurrida en 1970, el último año de Gustavo Díaz Ordaz y el primero del gobernador, el general Rafael Moreno Valle, abuelo del mandatario Rafael Moreno Valle Rosas.
Explicó que se habría tratado de una disputa de tierras fértiles donde se sembraba café. Caciques, coludidos con autoridades comenzaron un desalojo de propiedades, la feroz defensa de la tierra ocasionó un enfrentamiento que terminaría con la violación sexual de las mujeres y el acribillamiento de pobladores a manos del Ejército, los cadáveres de indígenas quedaron a la intemperie por más de 3 meses, la prohibición de su entierro fue una advertencia eficaz que operó para mantenerla oculta por 53 años.
Armando Herrera, exdirigente campesino y habitante Rancho Nuevo Pantepec, describió el horror de la matanza de 27 campesinos acribillados con armas de alto poder por un grupo de guardias blancas, policías estatales y municipales convocados por caciques de Francisco Z Mena y Xicotepec el 2 de junio de 1982 para dar escarmiento a campesinos que reclamaban tierras que la secretaría de la Reforma Agraria les había dotado por resolución Presidencial y las habían ocupado para trabajarlas. A 41 años se mantiene impune la matanza que aún no ha sido totalmente documentada pese a la gravedad de lo ocurrido.
Arturo Mendoza en su turno narró la reciente matanza en Coyomeapan ocurrida el 30 de mayo de 2022 en la que fueron asesinadas tres indígenas, entre ellos un menor, y ocho más resultaron heridos durante una emboscada a cargo de policías estatales y guardias blancas en “un codo de camino”.
El grupo de indígenas nahuas formaban parte del movimiento Unidad de Coyomeapan, grupo opositor al cacicazgo político de los hermanos Araceli y David Celestino Rosas en el municipio de la Sierra Negra. Ambos políticos continúan en sus cargos a pesar de que han sido señalados directamente de ser los autores intelectuales de la agresión.
En el desfile de testimonios también se contó con la participación de Vanessa Tirado quien denunció el asesinato de su madre Griselda Tirado Evangelio cofundadora y directora del “Centro de Estudios Superiores Indígenas Kgoyom (CESIK) ocurrida en Huehuetla en 6 de agosto de 2003.
“La asesinaron brutalmente, su cuerpo fue hallado con 40 impactos de bala. El caso fue cerrado y ‘resuelto’ como un crimen pasional a pesar de que se exigía una investigación enfocada al ámbito político y la vida profesional nunca se atendieron las demandas por la colusión del entonces gobierno estatal y municipal”, señaló Vanesa que pidió públicamente se revise el caso y se castigue a autores intelectuales.
En su turno, Miguel Calderón Moreno narró la represión al movimiento estudiantil del Primero de Mayo de 1973, el emotivo testimonio ofrecido entre llanto y un visible sentimiento de rabia e impotencia describió paso a paso la masacre de estudiantes del edificio Carolino donde fueron asesinados Victor Manuel Medina Cuevas, Enrique González Rumano, Norberto Suárez Landa y Alfonso Calderón “Fue ahí, en la Plaza de la Democracia la matanza insturida por el exgobernador Gonzálo Bautista O’farril”, recordó.
Siguieron decenas de testimonios más, entre ellos los narrados por José Guadalupe Sánchez quien señaló el asesinato de Sebastián Guzmán Arce en San Francisco Ocotlán y el de Gaudencio Ruíz García señalando el asesinato de Antelmo Linares Cázarez, asesinado por policías judiciales y estales en 1988 quienes irrumpieron y asaltaron “a sangre y fuego” a la colonia Benito Juárez de San Juan Calmeca en Tepexco, durante el gobierno de Mariano Piña Olaya así como la presentación de la persecución judicial de los ambientalistas y defensores del Río Metlapanapa Miguel López y Alejandro Torres Chocolatl, presentados por su abogado Tonatiuh Sarabia.
Se contó también con la intervención de Aldabi Olvera, integrante del Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico (MEH) quien rezó los nombres de los integrantes del partido comunista que se afiliaron a los partidos políticos como el PSUM o PRD, fuerzas políticas que concentraron a integrantes de organizaciones campesinas y sociales que se oponían a los poderes caciquiles y que fueron asesinados.
Foro abre y cierra con documentación de violaciones de los gobernantes Moreno Valle
El foro que abrió con el testimonio de la masacre en Monte Chila perpetrada el 28 de enero de 1970, en tiempos del gobernador Rafael Moreno Valle cerró con la relatoría de las graves violaciones a los derechos humanos consumadas por su fallecido nieto Rafael Moreno Valle Rosas, que en colusión con otros poderes espió y encarceló a más de 300 opositores y activistas los que convirtió en presos políticos, además de instaurar leyes que vulneraban las garantías.
La académica Carolina González Barranco llamó a realizar un juicio histórico post mortem y aquellos personajes que aún siguen con vida, sean responsabilizados de sus acciones e inhabilitados de sus cargos y no como ha ocurrido, puedan aspirará o detentar cargos de mayor envergadura.
Carlos Popoca, integrante del Colectivo Hermanos Serdán llamó a impulsar la creación de la Comisión de la Memoria, Verdad y Justicia para el Estado de Puebla y una Ley Estatal de la Verdad y Acceso a la Justicia por Violaciones Graves a los Derechos Humano, además de la creación de un Padrón Estatal de Violadores Graves a los Derechos Humanos.