En el Periférico por cada concesión legal de transporte hay 13 piratas

Es Imagen/ Jafet Moz

El alto grado de corrupción que domina al transporte público que corre por el Periférico Ecológico de Puebla se aprecia con la siguiente cifra: por cada concesión legal que existe en esa vialidad, hay 13.5 vehículos “piratas” ofreciendo el servicio de traslado de pasajeros.

Esto es, a lo largo y ancho de toda esa vialidad hay únicamente 37 concesiones legales del transporte público y hay aproximadamente 500 taxis o camionetas “piratas”, que son los que prestan el grueso del servicio en cuestión.

Una vez que termine la contingencia sanitaria por el Covid–19 una de las prioridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte, que encabeza Guillermo Aréchiga Santamaría, será poner orden en el Periférico Ecológico, en donde se permitió en los últimos siete años un crecimiento desmesurado de los taxis “piratas” como un pagó de favores a los concesionarios del transporte público.


A lo largo del morenovallismo, cada vez que los transportistas exigían un aumento al precio de la tarifa del servicio que prestan y las autoridades se lo negaban, como una manera de negociar la aceptación de esa condición es que les entregaban nuevas concesiones de taxis o les “toleraban” la introducción de vehículos sin permiso al Periférico.

El problema con esos vehículos empieza porque no tienen los permisos para transportar pasajeros y termina en que, se ofrecen como “taxis colectivos”, una figura que no existe en la legislación local que rige al transporte público del estado.

Para que cada uno de estos vehículos pueda funcionar, los choferes todos los días pagan un promedio de 200 a 400 pesos a sus representantes, quienes a su vez una parte importante de ese dinero acaba en manos de funcionarios municipales o estatales que tendrían que evitar la circulación de dichos automotores.

Durante el gobierno de Mario Marín Torres se elaboró el último estudio de movilidad de esa zona, mismo que se publicó hasta el año 2011, cuando ya había concluido dicha gestión.

En el periodo marinista se intentó crear un sistema legal de rutas del transporte. Es cuando surgió la línea Bicentenario, que como socio principal al transportista Sergio Galindo, quien militaba en el PRI y se hacía acompañar en ese negocio de algunas figuras cercanas al grupo político de Mario Marín.

Más allá de la forma indebida en que se obtuvieron las concesiones, ese servicio de transporte no era malo y lo más importante, es que era legal.

Al inicio del sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas se accidentó –en Cuautlancingo– unos de los autobuses de la línea Bicentenario y se dio por resultado la cancelación de todos los permisos. En mucho, como una venganza política contra los marinistas involucrados en ese negocio.

Para resolver la falta de transporte, el gobierno de Rafael Moreno Valle permitió que la empresa Estrella Roja brindara el servicio de manera temporal, para lo cual la compañía compró autobuses nuevos y propios para zonas urbanas. Nunca se les otorgó las concesiones para ejercer esa función.

A la mitad del sexenio, súbitamente le quitaron esa tarea a Estrella Roja y se lo dieron al empresario Jesús Padilla, quien también fue beneficiario con la Ruta 1 del Metrobús.

Jesús Padilla y sus socios con la aprobación del gobierno, introdujo autobuses con más de 10 años de uso y algunos microbuses, lo que degrado la calidad del sistema de traslado de pasajeros.

Al mismo tiempo, cuando Carlos Blanco era subsecretario de Transporte, se permitió que Abraham Sánchez regresa al gobierno del estado. Este segundo personaje es quien controló la dirección de Ingeniería del Transporte entre los gobiernos de Manuel Bartlett Díaz al de Mario Marín, por lo que era autor del grueso de los vicios que dominan a dicho servicio público.

Curiosamente al regreso de Abraham Sánchez, los taxis “piratas” se empezaron a reproducir como hongos en el Periférico Ecológico.

Primero fue un acto de abuso y corrupción la aparición de esos vehículos ilegales. Pero luego se convirtió en “moneda de cambio” del gobierno para otorgar prebendas no legales a los líderes de concesionarios.

Ahora es un grave problema que para resolverse implica, entre otras cosas, crear un nuevo estudio de movilidad en la zona y reformar la ley en la materia, así como actuar contra las mafias que controlan dicho servicio no legal.