El 17 de junio de 2024 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitió un acuerdo en el que anunció el cierre de la Junta Especial 33 y el traslado de los expedientes a Oaxaca y Tlaxcala.
Resulta ahora que el titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de Tlaxcala, Ricardo Paz Ugalde, presentó su renuncia, quedando en el limbo los juicios rezagados; alrededor de 10 mil del estado de Puebla, que son atendidos tanto en ese tribunal como en la oficina auxiliar que se tiene en la capital poblana.
Cuando se dio la medida abogados laboralistas y la CTM iniciaron un plantón para evitar el traslado de expedientes buscando que el tribunal permaneciera en esta entidad federativa. Sin embargo, en septiembre aceptaron la reapertura del edificio que albergaba el tribunal y que se abriera la citada oficina auxiliar, bajo el compromiso de que en un año aproximadamente se abatiera el rezago, aunque según se ha denunciado, los resultados son mínimos.
Como mencionamos en su oportunidad, la decisión del cierre de la Junta especial 33 de Puebla estaba sustentada en la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo de 2019, que conlleva la desaparición de las juntas en el país, con base en el nuevo Sistema de Justicia Laboral, donde se establece que antes de demandar será obligatorio intentar alcanzar un acuerdo, para lo cual se crean Centros de Conciliación Laboral integrados en teoría por profesionales capacitados en medios alternos de solución de conflictos que, de no logarse un acuerdo, las partes acudirían a los Tribunales Laborales dependientes del Poder Judicial, “con juicios orales, ágiles, modernos, expeditos y en presencia de un juez”, planteándose que las Juntas de Conciliación y Arbitraje desaparecerían una vez que concluyan su rezago.
Resulta que ocho meses después de la medida la evidencia indica que la Junta Federal de Tlaxcala quedó rebasada en sus capacidades, ante los miles de expedientes que le llegaron de Puebla y que a la fecha siguen rezagados.