A propósito de que este 2 de noviembre se conmemora el Día Internacional para poner fin a la Impunidad en los Crímenes contra Periodistas, en Puebla se han registrado en la última década cuatro asesinatos, siendo el más reciente el caso de Marco Aurelio Ramírez, en Tehuacán, el pasado 23 de mayo de este año.
En Puebla, los cuatro casos que se han documentado son los de Adrián Silva Moreno, registrado el 14 de noviembre de 2012; Alonso de la Colina Sordo, perpetrado el 15 de abril de 2013; Aurelio Cabrera Campos, ocurrido el 15 de septiembre de 2016; y el más reciente Marco Aurelio Ramírez, en mayo pasado.
De 2006 a la fecha, en México se han reportado 261 asesinatos de periodistas, 34 mujeres y 227 hombres, de acuerdo con cifras del Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Entre ellos destacan tres corresponsales de La Jornada: Luis Martín Sánchez, en Tepic (2023); Miroslava Breach Velducea (23 de marzo, 2017) y Javier Arturo Valdez Cárdenas (15 de mayo, 2017)
Si bien el asesinato de periodistas es la forma más extrema de violencia, no es la única, debido a que en México se agrede a la prensa cada 16 horas.
En 2020, el estado de Puebla ocupó el segundo lugar a nivel nacional con el mayor número de agresiones contra periodistas, afirmó Luis Soriano Peregrina, director para América Latina de la Organización Mundial de Derechos Humanos y Paz.
La detención y golpes propinados al periodista Juan Carlos Cacho, por policías municipales de San Pedro Cholula, durante el segundo informe de la alcalde Paola Angon, es el caso más reciente en la entidad de agresión contra el gremio reporteril, ocurrido hace tres semanas.
Los servidores públicos, los principales agresores
Luis Soriano cuestionó que en Puebla existe la Comisión de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, que desde su creación “no es funcional”. Este organismo, se fundó mediante acuerdo el 17 de julio de 2017 y sesionó por primera ocasión el 2 de agosto del mismo año.
“En casi siete años, solo ha sesionado cuatro veces, cuando tiene la obligación se sesionar al menos tres veces de manera anual, siendo el 8 de febrero de 2022 el último día que sesionó sin la presencia del extinto gobernador Barbosa”, expuso.
Soriano Peregrina agregó que en Puebla también hay una subsecretaría en Gobernación del estado para atender a los defensores y periodistas en riesgo, “que tampoco está funcionando o de plano ya la extinguieron”; además sumó la existencia de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos que “hasta este momento no conocemos si exista alguna condena o se tenga algún detenido”.
Entre otros mecanismos de protección, dijo que hay una Comisión de Derechos Humanos, pero reconoció que “es ausente de lo que pasa en el estado y es dispersa en las acciones que pretende realizar”.
En conclusión, señaló que en el estado existen las herramientas y las unidades administrativas para proteger a los periodistas y defensores de derechos humanos; sin embargo, recalcó que son “totalmente ausentes” en la creación de políticas públicas que vayan encaminadas a que dejen de ser la población de mayor riesgo en la entidad.
Finalmente, informó que las agresiones que se vive en el estado de Puebla contra periodistas son diversas, siendo las más comunes el uso ilegítimo del poder público, la privación de la libertad, la intimidación, el hostigamiento y los ataques físicos.
También están -mencionó- los casos de amenazas, bloqueo o alteración de contenidos, acceso ilícito a cuentas en línea, ataques a bienes materiales, dominios y cuentas falsas y denegación de servicios como ataques a los medios, “siendo los principales agresores aquellas personas que se dedican al servicio público”, concluyó.