En el contrato de Audi el gobierno le da derecho de contaminar y pagarle multas por daños ambientales

Los que han tenido recientemente acceso al Contrato de Desarrollo que se firmó entre el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas y la firma Audi, entre los años 2012 y 2013, se han quedado sorprendidos de los compromisos que asumió el Poder Ejecutivo y que siguen vigentes, los cuales se dirigen a garantizarle a la armadora el pago mínimo de impuestos y de consumo de agua, así como la erogación de unos 6 millones de dólares –unos 120 millones de pesos– para financiar campañas de mercadeo. Pero lo que más genera asombro, es que la administración estatal le otorgó el derecho a la compañía teutona de poder contaminar y si enfrenta sanciones por ese motivo, las multas o sanciones se cubren con fondos del erario poblano.

Y por si fuera poco, en el momento en que se firmó ese contrato, el entonces secretario de Gobierno, el ahora finado Luis Maldonado Venegas, elaboró un acuerdo que se llama “blindaje de uso de suelo”, que en la práctica le otorga a la armadora Audi el derecho de que en toda la región en donde se asentó a la armadora decida que actividades económicas y que construcciones se pueden realizar.

Fuentes confiables que recientemente han tenido acceso a ese Contrato de Desarrollo, que estuvo bajo reserva de información durante el morenovallismo, relatan que ese “blindaje” en cuestión consistió en alterar programas de desarrollo urbano y ordenamientos ecológicos para que en Ciudad Modelo y varios kilómetros alrededor de la planta de ensamble de vehículos, se prohibieran instalaciones no deseadas por los empresarios de Audi.


Es decir, se hizo una lista oficial de “usos negativos o no deseados en las colindancias” de Audi.

Tal condición fue como nombrar a los empresarios de Audi como dueños de toda la región, sin importar que no tuvieran la posesión legal de toda esa vasta área.

Se paga hasta las multas

Cuando hace mes y medio el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta denunció que es abusivo el contrato que hay entre Audi y el gobierno del estado, ya que se les paga hasta las cuotas de peaje a los directivos de la empresa, no exageró en nada. Al revés, el tamaño del abuso es todavía mucho más grande del que se suponía.

Los encargados de consolidar la construcción de la planta de Audi y de Ciudad Modelo, de acuerdo ha documentos oficiales, que implicó la firma de un Contrato de Desarrollo, fueron Pablo Rodríguez Regordosa, quien era el secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico; Luis Maldonado, junto con José Montiel Rodríguez y Laura Elisa Morales Villagrán, quienes eran funcionarios de la Secretaría de Gobierno; Roberto Moya Clemente y Michel Chain Carrillo, quienes representaban a la Secretaría de Finanzas; José Cabalán Macari Alvaro y Eugenio Mora Salgado, quienes eran los titulares de Infraestructura y la Contraloría estatal, respectivamente.

Quien jugó el papel más importante fue Pablo Rodríguez, quien aunque dejó el gobierno del estado para convertirse en diputado federal y dirigente del PAN, siguió operando los asuntos a favor de Audi.

Cuentan algunos testigos que en una ocasión el entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas le advirtió a Pablo Rodríguez: “Te necesito en las tres posiciones, a ver cómo le haces”.

De esa manera, Rodríguez durante mucho tiempo fungió como líder panista, legislador y al frente de la “ventanilla” única a favor de los directivos de Audi.

En ese famoso Contrato de Desarrollo se establece una clausula que resulta extraordinaria y abusiva a todas luces. En ella se dice:

“El Estado se obliga a liberar, indemnizar y mantener a salvo a la empresa de cualquier demanda ambiental y cubrirá todas las multas y penalizaciones en materia ambiental”.

Lo que en el fondo dice esa clausula es lo siguiente: que Audi puede contaminar el aire, el suelo o el agua sin preocuparse de nada. Que el gobierno del estado nunca va a sancionar a la empresa por algún daño medio ambiental.

Y en caso de que el gobierno federal castigue por alguno de esos motivos a la compañía alemana, las multas o sanciones van a ser cubiertas con recursos públicos de Puebla.

Dicho de otra manera, a Audi se le dio impunidad para depredar el medio ambiente.

Otra clausula establece que, durante tres años, el gobierno del estado va a destinar anualmente unos dos millones de dólares para pagar las actividades de mercadeo de Audi, tales como ceremonias de inauguración, eventos de relaciones públicas y campañas en medios de comunicación.

También se plasmó en el documento que habrá exenciones en los pagos de derechos, impuestos, licencias y permisos. Y cuando la planta Audi no pueda evadir tales obligaciones, el gobierno del estado le va a reembolsar el dinero hasta por un monto de 40 millones de pesos.

Otra parte del contrato dice: “El Estado pone a disposición de la empresa los precios de los servicios de agua a las cuotas más bajas posibles”.

Ese contrato es un monumento a la impunidad y el saqueo de los recursos públicos de Puebla.