A dos años de su creación, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra la Comunidad LGBTTTIQ ha iniciado 319 carpetas de investigación (CI) y logrado dos sentencias. Datos oficiales revelan que en 250 casos –78.3 por ciento– se determinó el ‘no ejercicio de acción penal’ y en descripción de la propia dependencia, constan en el archivo definitivo.  

Para abogados, activistas, defensores de derechos humanos y miembros de la comunidad de la diversidad en Puebla –estado que se encuentra en el sexto lugar en el país con más agresiones en contra de personas de la comunidad LGBT+ y que ocupa el segundo lugar en discriminación–, estas cifras confirman la inoperancia de la Unidad Especializada, cuyo personal –acusaron– comparte los mismos prejuicios que los autores de los crímenes de homofobia. 

Destaca el caso del Ministerio Público, Sergio Ortíz, cuya práctica judicial y jurídica negligente y negativa, su evidente desconocimiento al padecimiento de VIH–Sida, su resistencia a abrir carpetas de investigación, omisiones en las actuaciones y por revictimizar a ciudadanos que acuden buscando justicia, se ha abierto una queja que será presentada ante el Órgano Interno de Control. 

De acuerdo con la respuesta a la solicitud 210421523000668 el ministerio público Sergio Ortíz de ha iniciado 51 carpetas de investigación determinando en los 51 casos ‘no ejercicio de acción penal’. Una de esas carpetas fue la denuncia 2772/2019/UVFYDG/LGBTTTIQ-I que interpuso Carlos Escobar al haber sido discriminado y despedido laboralmente por su condición de salud seropositiva (VIH), su orientación sexual y su apariencia física de la empresa Autobuses México–Puebla Estrella Roja. 

A su parecer, en el caso que llegó a su escritorio no hubo delito que perseguir. Esta determinación contrasta diametralmente con la conclusión del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) que en el expediente CONAPRED/DGAQ/0134/DQ/19/I/PUE/Q0134 que siguió el mismo caso, fundamentó violaciones a una decena de artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a más de 19 artículos, fracciones y apartados de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, por la que el “caso Carlos Escobar” ha sido calificado como un expediente icónico en el país.  

En dos ocasiones el ministerio público Sergio Ortiz mandó al archivo definitivo el expediente y en dos ocasiones jueces de control –tras la impugnación de abogados– le han revocado la determinación.  

Abogados de la firma legal Montalvo y Terrones revelaron que las jueces de control señalaron fallas graves en las investigaciones como confundir lugares, entrevistar a personal de la empresa Autobuses Estrella Roja que no compartieron ni el tiempo ni espacio con Carlos, razón por la que sostenía “que los hechos nunca existieron”. “El obstáculo que ha representado la Unidad Especializada LGBTTTIQ para obtener justicia está siendo sorteado de manera magistral por jueces que han reparado y corregido la inoperancia del ministerio público Sergio Ortiz”, señaló Verónica Elizondo Salamanca, abogada de Escobar. 

El ministerio público que debía garantizar justicia para los miembros de la comunidad diversa, en su primera entrevista con Escobar trató de convencerlo de que sus acusaciones de discriminación partían de que “él en el fondo, no se aceptaba a sí mismo” y en más de una ocasión se refería burlona y despectivamente al joven denunciante en audiencias llamándolo “ella” entre otras muchas negligencias que terminaron por revictimizarle. 

“Se cerró mi carpeta, pero la amenaza sigue ahí”

YM, estudiante de la BUAP dedicaba su tiempo libre a cultivar su jardín para vender sus productos orgánicos en mermeladas y conservas. Con su pelo y uñas pintadas, salía de su casa y se dirigía a la zona comercial de la zona de La María a comprar sus insumos hasta que recibió la advertencia de que si volvía a pasar “por el OXXO” iba a ser violado, asesinado y descuartizado.  

“Hola joto Siempre pasas cerca de mi negocio, si vuelvo a verte te busco y te mato gordo asqueroso”, fue la primera amenaza anónima. En al menos 10 posteriores mensajes se hacía referencia a lugares específicos e incluso a familiares de YM.  

De nada sirvió su denuncia ante el ministerio público Sergio Ortiz con el número LGBTTTIQ/000483, pese al cumplimiento puntual del exigente proceso legal, se decretó ‘no ejercicio de acción penal’ y se ignoró el caso aunque los lineamientos en el numeral Octavo de la Unidad Especializada, indica que las y los agentes del Ministerio Público deberán agotar las investigaciones de denuncia sin descartar que el motivo pueda ser por odio homofóbico, lesbofóbico, bifóbico o transfóbico, además de emitir las medidas de protección que sean necesarias a favor de las víctimas, poniendo atención en hechos de los que se desprendan prejuicios, brutalidad o signos de ensañamiento, insultos o comentarios. 

Ortíz le explicó a YM que se cerraba su carpeta pero si había otro mensaje o la amenaza era cumplida tenía que volver a iniciar un nuevo proceso. YM no sólo dejó de transitar por la vialidad, por mucho tiempo evitó salir de su casa. Desarrolló ansiedad y paranoia. El suceso que trastornó al núcleo familiar de manera importante a la fecha no ha sido superado. Fue en un acto de arrojo que YM compartió su historia ante esta casa editorial.

“Me atrevo a alzar mi voz antes que ellos acallen mi voz”, “Lo cuento para que quede un poquito menos impune, se haga algo y no le vuelva a pasar a nadie”, dijo el joven estudiante. 

En el metrobús, guardías golpean brutalmente a mujer por su apariencia frente a su hijo

En marzo de 2022, Cris –mujer cisgénero– subió al vagón dedicado a mujeres de la línea 2 del Transporte RUTA con su hijo de 6 años. Una guardia de seguridad se paró tras ella, con ofensas le decía que se bajara mientras la reportaba por radio. De nada le sirvió que Cris le explicara que podía identificarse con su credencial del INE como mujer. Con un rodillazo en la pierna le exigió que se bajara porque era hombre. Los golpes, humillaciones y empujones siguieron durante cuatro estaciones más hasta que fue tomada del cuello por la oficial y obligada con jalones a bajarse con su hijo. 

Cris detalló que los gritos del niño “¡ya deja a mi mamá por favor!” se confundían con los de la guardia que también gritaba “¡Dice que es vieja, ¿ustedes qué dicen? (refiriéndose a los pasajeros) así son estos putos cuando les conviene!”. En el paradero ya esperaba otra guardia. Ambas la golpearon de manera brutal mientras el niño atrás de ella y encogido, miraba la escena. Nadie intervino. 

Los hechos constan en la Carpeta LGBTTTIQ 2022/200 que al día de hoy, ha cumplido un año cuatro meses sin resolución. Aunque Cris también acudió a Carreteras de Cuota Puebla para denunciar el hecho y directivos le prometieron la no repetición, las agresiones de guardias en el Metrobús no cesan, la reciente ocurrió este martes, esta vez en el paradero Santa María de la RUTA 3 a las 12 del día. 

La Unidad Especializada de Investigación que depende de la Fiscalía General del Estado (FGE) reporta un avance de 66.99 por ciento en las 71 carpetas de investigación vigentes (22.8 por ciento de las recibidas) al día 11 de mayo de 2023 sólo 19 han sido judicializadas, es decir, presentadas ante un juez.