En dos años, el Sistema Estatal Anticorrupción ha presentado apenas seis exhortos no vinculantes y analiza otros tres, reveló Catalina Aguilar Oropeza, secretaria ejecutiva del organismo al rendir el segundo informe de labores del mismo.
No obstante, en su discurso la también integrante del Comité de Participación Ciudadana, omitió mencionar los nombres de las instituciones o sujetos a los que se ha realizado los exhortos.
Aguilar Oropeza pidió, sin embargo, que al Sistema Estatal Anticorrupción se le dote de facultades más severas para poder ejercer una influencia real de combate a prácticas nocivas en la administración pública.
“Se emitieron seis recomendaciones no vinculatorias remitidas al fortalecimiento de los órganos internos de control en sus áreas investigadoras y sustanciadoras, así como el cumplimiento de las obligaciones en materia de la ley de transparencia”, señaló.
Y añadió: “También, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, el Comité Coordinador está analizando la emisión de tres exhortos dirigidos a las autoridades de seguridad de justicia, que es una respuesta ciudadana ante el contexto de violencia e inseguridad que tenemos en Puebla”.
“También hemos revisado algunas propuestas al Poder Legislativo (…), la gobernanza, al ser una tendencia universal de orden humano que promueve un esquema de trabajo horizontal entre el gobierno y la sociedad, empata con el esquema de manejo del Sistema Estatal Anticorrupción”, dijo.
Y abundó: “En este sentido presentamos tres propuestas ante el Congreso del estado. La primera es lograr la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción como una medida para fortalecer la lucha y el combate a la corrupción; la segunda propuesta es integrar mecanismos de participación ciudadana en las designaciones de los órganos constitucionales autónomos y la tercera es fortalecer la voz ciudadana en el sistema estatal anticorrupción”.
En representación del mandatario estatal, Luis Miguel Barbosa Huerta, acudió al acto el titular de la Consejería Jurídica, Ricardo Velázquez Cruz, quien aseguró que en Puebla no ha habido solo un cambio de gobierno sino de régimen, un régimen para el cual el combate a la corrupción es prioritario, lo cual ha quedado evidenciado, por ejemplo, con el encarcelamiento de José Luis Ayala Corona, quien fungía como presidente del Tribunal de Arbitraje y está acusado de los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y extorsión.