Un total de 16 organizaciones y más de 338 personas, entre académicos, activistas, periodistas y exfuncionarios públicos, han dado a conocer este lunes un desplegado en el que reconocen el anuncio del gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, por remunicipalizar el servicio de agua potable en Puebla, pero advierten que el juicio se debe emprender con la garantía de que la concesionaria pague los daños causados a la ciudadanía y no resulte de ninguna manera beneficiada por el proceso legal.
El texto puede ser consultado en las páginas impresas de esta casa editorial o en su portal de internet.
Entre los puntos planteados, destaca la propuesta de “realización de una mesa de trabajo con personas expertas, afectadas y afectados, ciudadanos interesados y autoridades para garantizar que la restitución del servicio de agua potable y alcantarillado sea no sólo exitosa, sino redunde en la corrección de vicios ancestrales existentes en este tema y su sector oficial”.
Se advierte que “es un hecho notorio la existencia de múltiples abusos cometidos por la empresa Agua de Puebla/Concesiones Integrales, que diariamente padecen millones de usuarios y usuarias en la metrópoli poblana Como en cualquier concesión existen cláusulas, acuerdos y términos jurídicos que podrían obligar a indemnizar con recursos públicos a la empresa concesionaria, en caso de intentar revertir la privatización con procedimientos inadecuados”.
“Sin embargo, se cuenta con múltiples estudios, investigaciones, denuncias y demandas, que han documentado los incumplimientos de la empresa concesionaria de los servicios, por lo que existe materia más que suficiente para lograr una demanda exitosa que cumpla con las garantías constitucionales y pactos internacionales, además con el erario poblano”, apuntan los firmantes.
Añaden que “los incumplimientos financieros en relación con el propio instrumento de concesión, las graves afectaciones al medio ambiente, las prácticas irregulares en contra de los usuarios, son algunos ámbitos dentro de los cuales la concesionaria ha acumulado daños que se traducen en obligaciones económicas que por mucho deben superar las posibles indemnizaciones que pueda reclamar”.
Advierten también que “la empresa concesionaria no ha cumplido, por ejemplo, con las inversiones necesarias establecidas en el contrato, y a pesar de ello este mismo año debería erogar más de mil millones de pesos para realizar el cumplimiento de sus obligaciones. También por este hecho, es preciso que la demanda o cualquier procedimiento de solución que se interponga, se dé a conocer públicamente para que sea observada por expertos y por la ciudadanía en general”.
Indican que “desprivatizar es una demanda ciudadana, cancelar los abusos es un clamor. En cambio, remunicipalizar los servicios es una vía que técnicamente debe pasar por tres condiciones: reparación de los daños causados por la empresa; crear un nuevo marco jurídico que empodere a las y los usuarios y; regular la coordinación entre gobiernos municipales y estatal. Los suscritos reiteramos nuestras exigencias de casi una década: desprivatizar, reparar los daños causados al medio ambiente, la ciudadanía y rescatar los servicios públicos. Por ello, saludamos las manifestaciones del gobernador y nos declaramos listos para desde nuestras trincheras, dar los pasos que siguen”, indican.