En crisis, juzgados indígenas de Puebla por negligencia del Poder Judicial: Rosa Alonso

Por negligencia del Poder Judicial, uno de los seis juzgados indígenas de Puebla se encuentra desmantelado, otro carece de funcionarios que hablen la lengua de las comunidades que atiende y en los cuatro restantes los servidores públicos trabajan sin un salario asegurado o sin nombramientos, denunció la investigadora Rosa Alonso Pérez.

La especialista en Derecho Penal y Juicio Oral calificó la situación de “indignante” debido a que el estado alberga a la quinta población autóctona más numerosa del país y los juzgados, aun con la falta de recursos y apoyos, han resuelto 31 mil 449 asuntos desde 2005.

Rosa Alonso brindó a La Jornada de Oriente los resultados de la investigación que ha efectuado sobre la eficacia de los juzgados indígenas en la administración de justicia en una entrevista en la que acusó al titular del Poder Judicial, Héctor Sánchez Sánchez, de conducirse con total cerrazón ante la problemática.


Juzgados en el abandono

La Ley Orgánica del Poder Judicial determina en el artículo 1 que el ejercicio de ese poder del Estado se deposita en cuatro instancias: el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura, los juzgados de primera instancia y los juzgados indígenas. En los hechos, agregó Rosa Alonso, es como si los juzgados indígenas no existieran para la autoridad.

Explicó que el Poder Judicial no se hace responsable del salario de los servidores públicos, ya que existe un acuerdo informal con los ayuntamientos que sirven de cabecera para que asuman el costo de la nómina.

Debido a que la ley no obliga a los municipios a financiar a esas instancias, prosiguió la abogada, el juzgado de Ajalpan dejó de operar desde 2005 y los funcionarios del juzgado de Huehuetla llevan un año y dos meses brindando atención a las comunidades sin recibir una compensación.

Reveló que el presidente municipal de Huehuetla, Rafael Lara Martínez, se niega a cubrir el costo de la nómina que generan los servicios de siete servidores públicos, porque estos no le han autorizado el proyecto que tiene en mente de destinar las instalaciones del juzgado a actividades de su gobierno.

Si el juzgado de Huehuetla se mantiene abierto, dijo que se debe a las aportaciones voluntarias de los usuarios y a que el juez, el mediador, la asesora, la consejera de mujeres, los dos abogados y el asesor del consejo de ancianos que trabajan en éste obtienen ingresos propios con el manejo de sus parcelas.

Aclaró que la situación del juzgado nunca fue boyante, pues antes de la administración de Rafael Lara el gobierno municipal entregaba como salario 5 mil pesos mensuales que debían repartirse los siete funcionarios. “Es ofensivo para ellos”, aseguró.

Uno de los jueces se opone a “las prácticas de los indios”

En el caso de Tlacotepec de Porfirio Díaz, el juez titular y los dos jueces auxiliares carecen de nombramientos del Poder Judicial, mientras el juzgado de Pahuatlán es atendido por un servidor público que no habla la lengua de las comunidades ni cuenta con su reconocimiento, ya que fue impuesto por la presidente municipal María Guadalupe Ramírez Aparicio, expuso Rosa Alonso.

Además, acusó que el juez de Pahuatlán se ha manifestado abiertamente en contra de las costumbres de los pueblos indígenas, ya que en una charla que sostuvo con él, éste reconoció que no concuerda con lo que denominó “las prácticas de los indios” y le aseguró que les niega el derecho a hablar si antes no le piden autorización.

Sobre los juzgados de Quimixtlan y Cuetzalan dio a conocer que actualmente reciben el apoyo de los ayuntamientos para financiar sus actividades, pero no existen garantías de que se mantenga con el cambio de administración, porque todo depende de la voluntad y disposición de los presidentes municipales.

TSJ, sin tiempo para atender el problema

El 30 de septiembre pasado, Rosa Alonso acudió con un grupo de jueces indígenas a las instalaciones del Poder Judicial, ubicadas en la zona metropolitana de Puebla, con el propósito de alertar la problemática a Héctor Sánchez Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Álvaro Villar Osorio, secretario de Acuerdos del presidente, se ofreció a gestionar un encuentro con el magistrado, pero un mes después, el 31 de octubre, descartó la posibilidad de llevar a cabo la reunión alegando falta de tiempo, señaló la investigadora.

Ante la cerrazón del Poder Judicial, dijo que asistió a la consulta indígena que abrió el Congreso de Puebla el jueves pasado, con el fin de exponer la problemática a los diputados.

Confió en que la apertura que ha mostrado el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, con la propuesta que impulsan de crear un instituto de pueblos indígenas, se traducirá en acciones concretas que ayuden a terminar con las deficiencias en la impartición de justicia.