Martes, enero 14, 2025

En cinco años suman más de 12 conflictos sociales por la defensa del agua en Puebla

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En el último lustro, en el estado de Puebla hay grandes y pequeñas guerras por el agua. Al menos una decena de conflictos sociales y técnicos por la disputa del recurso hídrico han sido registrado hemerográficamente, de 2015 a la fecha, por medio de protestas de la población por la sobreexplotación de los mantos acuíferos o la falta de accesibilidad al suministro del líquido.

En entrevista, con La Jornada de Oriente, el abogado Omar Jiménez Castro afirmó que estos conflictos en gran medida tienen un antecedente desde el sexenio morenovallista, con la aprobación en 2014 de la privatización del servicio del agua en la ciudad de Puebla y otros municipios del área conurbada.

A partir de ahí, sostuvo, hay un resurgimiento del movimiento social en defensa del agua que no se venía desde hace más de una década cuando el pueblo de San Francisco Ocotlán se organizó para frenar la extracción de agua para la industria y fraccionamientos de la zona.

A propósito del Día Mundial del Agua, los conflictos documentados van desde los casos recientes de la toma de la planta embotelladora Bonafont en la comunidad de Santa María Zacatepec hasta la inconformidad de vecinos por la conexión de la cervecera Heineken a la toma de agua y drenaje sanitario en el Fraccionamiento Maravillas, en la ciudad de Puebla.

Le sigue la extracción de agua clandestina para desarrolladores inmobiliarios en San Andrés Cholula y Santa Clara Ocoyucan, contra el Grupo Proyecta; el conflicto por el manantial en Alpanocan, ubicado en los límites territoriales de Puebla y Morelos, así como el traslado de agua para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, desde Nuevo Necaxa, y la falta de acceso al servicio para 500 familias en el Cerro del Márquez, en La Resurrección, por la sobreexplotación de la empresa Sabormex.

También recordó la defensa del agua de campesinos de la cuenca Libres-Oriental contra la agroindustria, los opositores a las mineras y proyectos hidroeléctricos en la Sierra Norte, así como el rechazo a utilizar el recurso hídrico para el ensamblado de automóviles de las plantas alemanas Audi y Volkswagen.

Sin embargo, Omar Jiménez afirmó que la disputa social y legal más contundente de la ciudadanía ha sido la defensa del agua en contra de su privatización del agua en la capital poblana, en el que no sólo han intervenido activistas, organizaciones sociales y colectivos, sino incluso los gobiernos locales.

Además, sumó la serie de las irregularidades en las que ha incurrido la empresa Concesiones Integrales SA de CV al aumentar desproporcionalmente la tarifa por el servicio de agua, la inaccesibilidad al líquido en decenas de colonias de la periferia a Puebla y el incumplimiento del título de concesión, que podría derivar en su rescisión.

Dijo que esta evaluación de conflictos es una forma en la cual se tiene una radiografía de la situación de presión social hacia el acceso al agua potable en Puebla, las cuales pueden ser con base al ámbito social (población, protestas, inconformidad) o hacia el ámbito técnico (disponibilidad de agua, estrés hídrico, escasez).

Precisó que los múltiples conflictos por a lo largo del estado son motivados sobre todo porque los sectores industrial y agrícola que acaparan el líquido de los territorios, mientras los pobladores la requieren para vivir.

El Observatorio de Conflictos Socioambientales de México documentó que el país se presentó hasta el año 2020, previo a la epidemia por Covid-19, un total de 333 conflictos de esta índole, principalmente por el agua. Es decir, tensiones y disputas generadas por el uso, acceso, control y la apropiación de los bienes comunes naturales y del territorio.

En el ámbito local, menos de la mitad de las 202 concesiones que hay en el municipio de Puebla para extraer agua para uso industrial, transparentan el volumen del líquido que obtienen, reveló el Registro Público de Derechos de Agua, a través de una solicitud de transparencia por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim).

Sólo 91 concesionarios publican el volumen que obtienen, el cual suma 9.8 millones de metros cúbicos al año.

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