Más de 300 pobladores de Xoxtla encabezaron este miércoles una caravana por las principales calles del municipio, con el objetivo de exigir a la presidenta municipal, Guadalupe Ortiz Pérez, la realización de un cabildo abierto para revocar el acuerdo que permite a Concesiones Integrales extraer 50 litros por segundo del pozo 4.
La manifestación partió del zócalo de Xoxtla poco después de las 13 horas, recorriendo arterias de mayor circulación. Durante el trayecto, los habitantes informaron mediante equipo de sonido a la comunidad sobre el posible impacto negativo del acuerdo, pues la extracción del pozo 4 reduciría el agua disponible para los residentes.
Pascual Bermúdez Chantes, activista y líder de los opositores, explicó que el juzgado cuarto de distrito admitió el juicio de amparo que promovió para evitar su detención por los delitos imputados por la empresa, logrando la suspensión de la medida cautelar mientras se determina la protección de la justicia federal. Bermúdez precisó que aún no se fija audiencia relacionada con las acusaciones de despojo y daño en propiedad ajena.
La caravana culminó a un costado de la autopista México–Puebla, donde los inconformes reprocharon la falta de agua durante semanas y exhortaron a más ciudadanos a unirse a la protesta.
Bermúdez añadió que el próximo 1 de septiembre enfrentará audiencia en los juzgados penales federales de la colonia San Miguel, Puebla, por una segunda denuncia derivada del cierre de la autopista México–Puebla ocurrido en mayo.
El activista también alertó a campesinos de Tepeaca y Tecamachalco sobre la propuesta de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para donar volúmenes de agua, alegando que el plan busca favorecer a la empresa y no a las comunidades desprovistas del servicio. Cuestionó que Conagua actúe en beneficio de intereses privados bajo el argumento de abastecer zonas carentes de agua potable.
En el acto participaron otros activistas como Renato Romero, recientemente exonerado por el Tribunal Superior de Justicia de delitos similares a los que enfrenta Bermúdez tras ser encarcelado en San Pedro Cholula. La representación legal de Romero informó que Concesiones Integrales ya presentó apelación por la exoneración ante el Tribunal Superior de Justicia.
El pasado 3 de junio, Renato Romero Camacho salió del Centro de Reinserción Social de (Cereso) Cholula, tras haber sido detenido por agentes de la Policía Ministerial, acusado de haber generado daños a tubería concesionada a Agua de Puebla para Todos.
En julio pasado, el Juzgado Cuarto de Distrito retiró la suspensión provisional que protegía a Pascual Bermúdez contra la detención. El yerro ocurrió luego de que ese tribunal solicitara la información sobre la orden de aprehensión al juzgado incorrecto, situación que denunció la esposa del activista, Ruth Pérez Rodríguez, en conferencia celebrada en la explanada de los juzgados de distrito en San Andrés Cholula.
Según la denuncia, en vez de pedir datos al juez de oralidad penal y ejecución de la región judicial centro poniente con sede en Cholula —el encargado de liberar la orden de aprehensión—, el Juzgado Cuarto de Distrito realizó el requerimiento al juez de oralidad de la región centro Puebla, quien respondió que no había emitido ninguna medida cautelar. Tras esa contestación, la jueza cuarto de distrito determinó que la suspensión provisional carecía de materia y optó por cancelarla, dejando a Bermúdez Chantes sin protección ante una posible detención por la denuncia promovida por Concesiones Integrales.
