Ayer fue dado a conocer la creación del Comité Comunitario de Santa María Acuexcomac en Defensa del Agua, el cual advirtió que la responsabilidad del cierre de válvulas para abastecer a Puebla, que se planea para el 8 de noviembre próximo, afectará principalmente a la zona residencial de Angelópolis, que es una de las zonas que mayormente se abastecen del líquido de dicha junta auxiliar cholulteca.
La nueva organización ratificó su denuncia sobre la crisis hídrica que enfrenta la comunidad desde hace 30 años, agravada por la sobreexplotación de los mantos acuíferos debido a la perforación de pozos profundos por parte del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP). Esta situación ha llevado a la extinción del manantial que era el principal recurso hídrico de la comunidad, así como a la migración de muchos de sus habitantes, acusaron en un comunicado.
El conflicto tiene sus raíces en un convenio firmado el 9 de noviembre de 1994 con el gobierno estatal. En dicho acuerdo, explicó el comité, las autoridades estatales, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y SOAPAP acordaron con los representantes de Santa María Acuexcomac la perforación de cinco pozos para extraer agua potable destinada a la ciudad de Puebla. A cambio, se prometió que esta extracción no afectaría los manantiales, pozos de riego y norias de la comunidad, y que se tomarían medidas correctivas en caso de daños.
Sin embargo, el Comité Comunitario de Santa María Acuexcomac en Defensa del Agua asegura que estas promesas no se han cumplido, y que el uso intensivo del agua subterránea ha llevado a una crisis ambiental y social. Añadió que la carencia del líquido ha transformado la economía local, obligando a los habitantes, antes dedicados a la agricultura y ganadería, a buscar trabajos en otras ciudades o incluso fuera del estado.
Recientemente, el presidente de la junta auxiliar, Darío Tiro Rosas, presentó una denuncia por daños patrimoniales contra SOAPAP, exigiendo una indemnización de 3 mil 500 millones de pesos por la extinción del manantial. No obstante, el Comité Comunitario criticó que esta denuncia se realizó sin consultar a la comunidad ni informar sobre los detalles del proceso legal.
El 24 de julio de 2024, el Comité convocó a una asamblea en el domo de la población para discutir la crisis hídrica y exigir transparencia en los acuerdos con SOAPAP. Aunque solicitaron documentos y estudios sobre el impacto ambiental, calidad del agua y los efectos de la sobreexplotación, el presidente de la junta se negó a proporcionar esta información, alegando que así se lo aconsejaban sus abogados.
Ante la negativa, el 20 de agosto, el Comité presentó un oficio a la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angon Silva, solicitando los estudios trimestrales de calidad del agua del período 2021-2024, conforme a la Norma 127-SSA1-1994.
El Comité Comunitario enfatizó que, según los usos y costumbres de los pueblos cholultecas, las decisiones deben ser tomadas en asamblea y con la participación de todos los habitantes. En su comunicado, hicieron un llamado a las 13 juntas auxiliares y los ocho barrios de San Pedro Cholula a unirse en defensa del agua, subrayando que “solo unidos y organizados somos más fuertes”.
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