La Auditoría Superior del Estado (ASE) pierde 95 por ciento de los casos en los que determina sanciones a funcionarios por irregularidades en la aplicación de fondos públicos y tiene un rezago de 212 inicios de procedimiento administrativos en los que no ha podido concluir si hubo o no responsabilidades, pese a que han transcurrido hasta siete años de los hechos.
Los datos se desprenden de una evaluación que realizó la Comisión Inspectora del Congreso de Puebla y que entregó al nuevo titular de la ASE, Francisco José Romero Serrano, con el fin de que resuelva esas deficiencias que impiden al Estado recuperar los recursos que han sido mal aplicados, desviados, e incluso sustraídos del erario.
La evaluación se realizó al periodo del exauditor superior David Villanueva Lomelí, quien llegó al cargo en 2011, año en el que arrancó el gobierno del PAN de Rafael Moreno Valle Rosas, y renunció el 30 de abril pasado, cuatro meses después del fallecimiento de ese liderazgo albiazul.
La Comisión Inspectora, que preside la diputada de Morena Olga Lucía Romero Garci Crespo, concluyó que del 6 de diciembre de 2012 al 31 de agosto de 2018 existió poca efectividad en la prevención de infracciones en el uso y aplicación de recursos.
Detectó las deficiencias al realizar un estudio de los recursos de revocación que exservidores públicos presentaron contra las sanciones que el Congreso les impuso, con base en las auditorías de la ASE, por el manejo de recursos en los ejercicios comprendidos entre 2004 y 2011.
Como ejemplo, refirió que del 15 de marzo de 2018 al 31 de agosto de ese mismo año se concedieron 60 revocaciones y sólo en tres se confirmó o modificó la sanción impuesta, debido a que la ASE, la mayoría de las veces, no cuenta con documentación ni evidencias suficientes para sus acusaciones.
“De 63 recursos de revocación interpuestos por los exservidores públicos que habían sido sancionados por la Auditoría Superior del Estado, 60 se perdieron (es decir, 95 por ciento del total) y se concedió la revocación, determinando la no responsabilidad de los servidores públicos de ninguna de las irregularidades que se les atribuyeron por la misma Auditoría Superior del Estado”, enfatizó la Comisión Inspectora.
Agregó que en algunos casos los recursos de revocación tiraron procedimientos de fiscalización que se habían extendido por 14 años, sin que se lograra resarcir “un solo peso del erario que no se aplicó de acuerdo a la normativa” y “que no se sancionara a ningún servidor público infractor”.
En lo que respecta a los Inicios de Procedimientos Administrativos de Determinación de Responsabilidades (IPADR), que es una etapa previa al establecimiento de sanciones, la Comisión Inspectora halló que la totalidad de los emitidos entre el 6 de diciembre de 2012 y el 31 de agosto de 2018 se encuentran a la espera de una resolución por parte de la ASE.
El rezago suma 212 IPADR, de los cuales 180 corresponde a ayuntamientos y 32 a dependencias y organismos estatales y municipales por el manejo de recursos que se realizó de 2008 a 2016.
La Comisión Inspectora alertó, además, un desfase que puede superar los dos años entre las resoluciones del Congreso en las que se autoriza los IPADR y las radicaciones e inicios de procedimientos por parte de la Auditoría Superior del Estado, periodo al que se le suma uno más que puede superar los siete años para resolver los citados procedimientos.
También criticó falta de transparencia del organismo, pues en la elaboración de los informes individuales “el lenguaje utilizado (…) es vago y ambiguo por lo que no brinda certeza al Congreso respecto a aquello de lo cual versan las observaciones que realizan a los entes fiscalizados”.
La opacidad de la auditoría, prosiguió la Comisión Inspectora, es contraria a su objetivo como ente fiscalizador, ya que debería ser el organismo más transparente y disciplinado en el cumplimiento del marco jurídico.
“De todo lo anterior es de concluirse que en los últimos años la Auditoría Superior del Estado ha sido ineficaz e ineficiente, situación que debe corregirse con acciones concretas e inmediatas por parte de todo el personal que labora en la misma y su titular”, sentenció.