En 5 años, Comuna de Puebla solo monitoreó 9 por ciento de descargas al Atoyac: Ethos

La empresa consultora destacó que un caso emblemático de los problemas de inspección y vigilancia se encuentra en el río Atoyac –en la imagen–, en el que la contaminación del cauce, en su mayoría por desechos industriales ilegales, se estima afecta a 22 municipios del estado ■ Foto esimagen.com

En los últimos cinco años, la Conagua, la Profepa y el ayuntamiento de Puebla han incumplido con el monitoreo y las inspecciones a las empresas que descargan aguas residuales a la red de alcantarillado y posteriormente al río Atoyac, debido a que solo habrían supervisado 9.3 por ciento de los permisos que se otorgan.

A esto se suma, que solo 67 por ciento de los municipios consultados en el país no le dan tratamiento a sus aguas residuales, entre ellos Puebla.

La información es resultado de un estudio a cargo de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas “Corrupción en el sector agua ¿Quién es responsable de la crisis?”, la cual reflejó que el bajo presupuesto y el poco personal destinado a las labores de inspección son causas de esta debilidad institucional.


Esta situación de omisión estaría permitiendo la contaminación con desechos industriales al Atoyac que afecta a 22 municipios de Puebla y 28 de Tlaxcala.

De manera general, el informe reportó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha evidenciado en repetidas ocasiones que la capacidad de supervisión del gobierno es limitada.

Asimismo, reveló que los desechos industriales ilegales encontrados en el cauce del río, como el benceno y el cloruro de vinilo, ponen en riesgo a 2.3 millones de pobladores de Puebla y Tlaxcala, pues hay indicios de que pueden generar cáncer.

Ethos Laboratorio reveló que la falta de la operatividad de las plantas tratadoras de aguas residuales genera en el país un costo por la contaminación de 41.5 mil millones de pesos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2018.

Explicó que la contaminación hídrica es ocasionada por los distintos desechos que se vierten legal e ilegalmente a los cuerpos de agua, provenientes tanto de los sectores productivos como domiciliares.

Refirió que existen muchas causas detrás de la contaminación del agua en México; sin embargo, buena parte de ellas dijo se relaciona con la corrupción o con la incapacidad de supervisión de las autoridades del agua, “que genera incentivos perversos para que los concesionarios desechen sus aguas residuales con niveles de contaminantes por encima de lo permitido, sin recibir castigo alguno”.

En México, refirió que para asegurar que las descargas de aguas residuales cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas, existen dos instrumentos principalmente: el automonitoreo y las inspecciones.

En ambos casos, sostuvo que la supervisión está a cargo tanto de la Conagua como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y los gobiernos municipales.

No obstante, precisó que la Auditoría Superior de la Federación señaló que de los 12 mil 402 servidores públicos de la Conagua, solo 45 eran personal acreditado para realizar visitas de inspección a los 531 mil 357 títulos de concesión, asignaciones y permisos registrados en todo el país.

Si bien hoy en día el número de inspectores aumentó a 149, sigue siendo insuficiente para monitorear el cumplimiento de las normas (Conagua, 2019).

El río Atoyac, los efectos de la incapacidad de supervisión del gobierno

La empresa consultora destacó que un caso emblemático de los problemas de inspección y vigilancia se encuentra en el río Atoyac, en el que la contaminación del cauce, en su mayoría por desechos industriales ilegales, se estima afecta a 22 municipios del estado de Puebla.

Dada la recurrencia del caso y los efectos nocivos de la contaminación en la salud de los habitantes, refirió que en 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que esta situación viola el derecho a un medio ambiente sano, por lo que emitió una serie de recomendaciones.

A través de la recomendación 10/2017, informó que el organismo nacional señaló que las autoridades, entre ellas los ayuntamientos, la Conagua y la Profepa, conocen el estado del río Atoyac desde el 2005.

A pesar de ello, consignó en el estudio que “la problemática no ha disminuido y no se han llevado a cabo las acciones o tomado las medidas suficientes de inspección, verificación, monitoreo”.

El pronunciamiento de la CNDH también evidenció la responsabilidad de algunos municipios del estado de Puebla y Tlaxcala en la contaminación del río Atoyac, pues no tienen en regla sus permisos de descarga ante la Conagua y algunos de ellos no dan tratamiento a sus aguas residuales, incumpliendo así con la normatividad nacional y local.

Sobornos y complicidad de inspectores y laboratorios

El estudio reveló que algunas de las causas de la contaminación del agua en México están relacionadas con la corrupción.

De acuerdo con expertos entrevistados por Ethos, en el proceso de inspección que realizan la Conagua y la Profepa, las muestras de las aguas residuales se toman a modo, es decir, que se diluyen con líquido limpio para que se cumpla con los parámetros de la normativa.

A cambio de este “favor”, las industrias pagan al inspector hasta 20 por ciento del valor de la multa evitada.

Incluso, afirmó que la complicidad entre la empresa–laboratorio también puede estar presente en el automonitoreo, pues aunque los laboratorios estén acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), estos realizan las mediciones a solicitud de la empresa.

Al respecto, destacó que la Conagua reconoció en su Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2016, que en materia de control y vigilancia de las descargas de aguas residuales, existe el riesgo de que “no se identifiquen todas las irregularidades en los actos de verificación debido a posibles prácticas poco éticas, al solicitar o aceptar dádivas para ocultar u omitir información observada en campo”.

Normatividad laxa y captura regulatoria

Finalmente, otra manera en que la corrupción está presente en el control de las aguas residuales es mediante la captura regulatoria.

Ethos Laboratorio de Políticas Pública reveló que algunos especialistas han señalado que la laxitud y la falta de aplicación de las leyes y normas sobre las descargas de aguas residuales, pueden entenderse como “corrupción institucionalizada”, justificada para brindar “ventajas competitivas” en el país.

En este caso, refirió que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) en diversos estudios ha evidenciado la debilidad de la normatividad ambiental, al detectar que actualmente las descargas residuales pueden respetar la norma y aun así ser tóxicas para el ambiente y la salud humana.

La consultora argumentó que la autoridad responsable de expedir y modificar las normas ambientales es el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comarnat),la cual está representada mayoritariamente por el sector privado, lo que da pie a que las normas puedan tener un sesgo de carácter benéfico a su favor.

De acuerdo con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), la norma que busca sustituir a la NOM–001–SEMARNAT–1996 es insuficiente, pues se descartó incluir un control amplio de sustancias tóxicas que actualmente contaminan las aguas del país, además de que no se hicieron cambios sustantivos a los límites máximos para metales pesados y cianuros (Agua para [email protected], 2018).

Asimismo, enfatizó que las descargas de aguas residuales de los municipios, industrias, comercios, entre otros, no siempre cumplen con la normatividad vigente para evitar la contaminación del agua superficial o del subsuelo, o si lo hacen, la laxitud de la misma no evita los daños ecológicos.

Al final, Ethos Laboratorio concluyó que el soborno, la complicidad de las autoridades y la falta de verificación son las causas de la contaminación, por lo que llamó a las autoridades al fomento y fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas.

“Combatir la corrupción en el sector agua debería ser prioritario dentro de los próximos años. No olvidemos que nuestro futuro, y el del agua, están irremediablemente vinculados”, se lee al último.