Domingo, abril 11, 2021

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En 33 meses la UIF bloquea en Puebla 26 mil 68 cuentas bancarias por 5 mil mdp y 333 mdd

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En dos años y nueve meses la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha congelado en Puebla 26 mil 68 cuentas bancarias de usuarios de entidades financieras que fueron incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) por favorecer, ayudar, auxiliar o cooperar en la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.

De acuerdo con información referida en el Recurso de Revisión 12368/20, del 1 de enero de 2018 al 23 de septiembre del 2020, la UIF bloqueó las cuentas poblanas que suman 5 mil 441 millones de pesos, 333.7 millones de dólares y 6 mil 475 euros de personas físicas y morales que no pudieron justificar fuertes ingresos.

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El incremento en la fiscalización disparó las cuentas bloqueadas en un 1 mil 500 por ciento, al pasar de 800 en 2018 a 12 mil 80 en 2019 y en los primeros 9 meses de 2020, en un 109 por ciento al registrarse 13 mil 188 incautaciones.

Pero el dato que destaca es el aumento en el dinero bloqueado. La cantidad de dólares confiscados en cuentas bancarias en Puebla ha crecido más de 10 mil veces (1 millón 34 por ciento) al pasar de 4 mil 262 dólares en 2018 a 44 millones de dólares en 2019. De enero a septiembre de 2020 el registro fue de 289.7 millones de dólares, el aumento fue de 6 veces con relación al año anterior, es decir, un 657 por ciento más.

El aumento en la confiscación de pesos mexicanos es de 50 veces, pasó de 69.7 millones de pesos en 2018 a 3 mil 857 millones de pesos en 2019. En 2020 el incremento fue de 39 por ciento al registrarse el bloqueo de 1 mil 514 millones de pesos.

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La descripción de las cuentas bloqueadas en Puebla refiere que en 2018, Bancos y Entidades Financieras en Puebla suspendieron operaciones, actos o servicios a 800 clientes o usuarios que fueron incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), el monto implicado fue de 69.7 millones de pesos y 4 mil 262 dólares.

Para 2019 el incremento en la fiscalización se disparó en Puebla en  mil 500 por ciento, las cuentas bloqueadas crecieron a 12 mil 80. Ese año la suma de las cuentas confiscadas sumaron 3 mil 857 millones de pesos, 44 millones de dólares y 877 euros.

Hasta septiembre de 2020 el aumento en las LPB se ha sostenido en 109 por ciento. Según la documentación con la que consta esta casa editorial, los primeros 9 meses del 2020 fueron suspendidas 13 mil 188 cuentas bancarias “por operaciones inusuales”, los montos operados fueron de 1 mil 514 millones de pesos, 289.7 millones de dólares y 5 mil 598.46 euros.

Lavado de dinero podría alcanzar 25% del capital circulante

La abogada Natalia González Díaz, docente en la Universidad Iberoamericana con la materia de Derecho Fiscal y servidor público en el Tribunal Colegiado en el Poder Judicial de la Federación, reconoció ante este medio que el aumento de cifras de cuentas bloqueadas ha sido abismal y alarmante, pero justificó la Reforma Fiscal que ha sido calificada como “feroz”. “Era necesaria esta medida, México era considerado un país-paraíso-fiscal”, dijo.

Describió que la cacería es un rasero en la que, a veces, “pagan justos por pecadores”, pues si una empresa cae en el supuesto marcado por el artículo 69 B del Código Fiscal Federal, (que emitan comprobantes fiscales para simular operaciones inexistentes), todas las personas físicas o morales relacionados de inmediato son puestos bajo la mira y en condición sospechosa. “La indicación de la reforma fiscal es investigar toda relación entendiéndose como proveedores o clientes. Es fácil caer en el supuesto, aunque la operación haya sido “de buena fe” y los implicados ni siquiera tengan conocimiento del ilícito”.

Sin embargo, González Díaz reconoció el crecimiento de operaciones fraudulentas y estimó que el “lavado de dinero” podría alcanzar el 25 por ciento del capital que circula en Puebla. Explicó que este fenómeno -como en el resto del país- ha sido parte de permisibilidad, condonación y discrecionalidad en el cobro de impuestos.

“Hubo una cultura fiscal muy permisiva los años anteriores y ya cuando quisieron remediarlo era imposible controlarlo. Empresarios se mal acostumbraron a no pagar impuestos y cuando les quitaron algunos beneficios se empezaron a buscar otro tipo de estrategias ilícitas y muy agresivas porque es una evasión de impuestos. Los ingresos son evidentes, pero no son reportados… se valen de facturas falsas y caen en más ilícitos, muchos factores han contribuido a esta cultura de empresas fantasmas y de lavado de dinero que en nuestro país es tan fuerte y tan arraigada. En Puebla se desenmascaran estas empresas, yo creo que si se hiciera en todos los estados abrirían la misma alcantarilla que aquí”.

La académica sostuvo que desde años anteriores comenzaron reformas fiscales contemplando el tema de lavado de dinero, pero el año 2020 la reforma la calificó como brutal: “La reforma es ahora lo doble de lo que ya venía siendo, el 2020 ha sido el año más fuerte en temas de materia fiscal”, explicó.

La SHCP ha mantenido bajo estricta reserva la información de la LPB por contener datos personales de personas físicas y morales, por lo que no precisó ni los giros de las empresas, ni detalló el número de personas físicas que están siendo investigadas por las supuestas operaciones fraudulentas en Puebla. Información de medios nacionales que documentaron el incremento notable en la fiscalización en el país, señalaron que la UIF bloqueó las cuentas bancarias de Antorcha Campesina en el estado de México (Edomex) y las de su líder Juan Manuel Celis Aguirre, en Puebla.

Trascendió que la Unidad también bloqueó las cuentas bancarias de la esposa de Celis Aguirre y tres empresas que habría utilizado para desviar recursos de procedencia ilícita.

Al respecto el vocero de la organización Aquiles Montaño Brito afirmó que a la fecha la organización ha ganado en tribunales un proceso legal con lo que se recuperó una de las cuentas que fueron congeladas, pero no precisó el número de proceso ni mostró la documentación correspondiente. A pesar de haber probado la inocencia, dijo, la cuenta continúa en investigación.

Montaño sostiene que la acusación corresponde a una persecución política a la organización desde el gobierno de la 4T, pues hasta el momento no existen pruebas contundentes que demuestren algún ilícito.

En entrevista reconoció el bloqueo de cuentas y el señalamiento de integrantes de Antorcha que realizan el trabajo financiero de la organización, pero negó que fueran los 800 millones o más que fueran difundidos por distintos medios de comunicación.

Montaño sostuvo en entrevista que la UIF congeló 20 cuentas del Movimiento Antorchista. “Esas 20 cuentas suman un total de 27 millones de pesos; es decir, cada cuenta tiene en promedio un millón 350 mil pesos. Claro que se justificó la procedencia de cada peso. Somos una organización autosustentable, tenemos un plan que nos hace independientes económicamente de los políticos y empresarios. Independencia económica es independencia política”, dijo.

Señaló que Juan Manuel Celis Aguirre tiene a su nombre una gasolinera ubicada en Tlapa Guerrero y que el monto total de los recursos que entran por venta de gasolina y por la compra de esta a Pemex son reportados cotidianamente a la Secretaría de Hacienda y Pemex, quien cuenta con un científico sistema de revisión de cada gasolinera. “Lo que entra es para invertir, se gasta en operaciones, impuestos, gastos. La ganancia no llega sólo al líder, este dinero es usado por nuestra comisión financiera para los gastos de organización y la inversión de negocios legales”, informó.

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